24 organizaciones alertan que la reforma mantiene restricciones y no atiende a las víctimas. También piden derogar la norma.
Un total de 24 organizaciones venezolanas advirtieron este miércoles que la reforma de la ley contra el odio “no ofrece una respuesta integral a las víctimas” y tampoco contempla la liberación de presos políticos ni el cierre de sus causas judiciales.
En un comunicado firmado por colectivos de derechos humanos como Provea y Espacio Público, las ONG sostuvieron que la propuesta mantiene medidas severas que imponen limitaciones arbitrarias al ejercicio de la libertad de expresión.
Cuestionamientos a los cambios planteados
Las organizaciones señalaron que el texto conserva conceptos imprecisos, entre ellos el de “hostigamiento”, definido a partir del “temor, angustia o zozobra” que pueda generar una conducta. A su juicio, esa amplitud abre espacio para interpretaciones arbitrarias y permitiría castigar la crítica, el disenso o la difusión de información de interés público.
Por eso, reiteraron que la ley debe ser derogada. Consideran que, desde su origen, el instrumento impone graves restricciones a las libertades de expresión, opinión, información y asociación, además de afectar las garantías del debido proceso.
El pronunciamiento se conoció un día después de que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobara en primera discusión la reforma solicitada en septiembre por Delcy Rodríguez. Pedro Infante dijo entonces que el proyecto busca eliminar las penas de prisión y sustituirlas por multas y trabajo comunitario, además de establecer procedimientos administrativos claros para aplicar la norma.
También planteó sanciones y exhortaciones administrativas a los medios de comunicación, sin revocación de concesiones, así como multas por mensajes de odio en redes sociales y exhortos a las organizaciones políticas para promover la convivencia democrática y la paz. La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y protestas antigubernamentales.
Foro Penal informó en septiembre que al menos 927 personas en Venezuela han sido acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación de la norma.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
