Un total de 24 organizaciones venezolanas advirtieron este miércoles 4 de noviembre que la reforma de la Ley contra el Odio no ofrece una respuesta integral a las víctimas, ni contempla la liberación de presos políticos o el cierre de sus causas judiciales.
En un comunicado, colectivos dedicados a la defensa de los derechos humanos, entre ellos Provea y Espacio Público, sostuvieron que el proyecto mantiene medidas severas que imponen limitaciones arbitrarias al ejercicio de la libertad de expresión.
Críticas al alcance de la reforma
Las organizaciones también cuestionaron que el texto conserve conceptos imprecisos, como el de “hostigamiento”, definido en función del “temor, angustia o zozobra” que provoque una conducta. A su juicio, esa amplitud abre espacio a interpretaciones arbitrarias y permitiría castigar la crítica, el disenso o la difusión de información de interés público.
Por ello, reiteraron su llamado a derogar la ley, que consideran un instrumento que desde su origen impone restricciones graves a las libertades de expresión, opinión, información y asociación, además de afectar las garantías del debido proceso.
El pronunciamiento se produjo un día después de que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobara en primera discusión la reforma de la ley, a solicitud de Delcy Rodríguez en septiembre. Pedro Infante dijo entonces que el cambio busca eliminar las penas de prisión y sustituirlas por multas y trabajo comunitario, además de establecer procedimientos administrativos para aplicar la norma.
Infante añadió que la reforma pretende fijar sanciones y exhortaciones administrativas a los medios de comunicación, eliminar la revocación de concesiones, prevenir mensajes de odio en redes sociales y sancionar con multas a quienes incumplan esas disposiciones. También dijo que se exhortaría a las organizaciones políticas a promover la convivencia democrática y la paz.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista asamblea nacional constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y protestas antigubernamentales.
Foro Penal informó en septiembre que al menos 927 personas en Venezuela han sido acusadas de incitación al odio desde la aprobación de esa norma.
