Las protestas vinculadas con los apagones se intensificaron en Venezuela en septiembre de 2026, en medio de cortes eléctricos de más de 10 horas y de una nueva postergación del debate sobre la reforma de la ley del servicio eléctrico.
1.101 protestas y 531 reclamos por electricidad
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 1.101 protestas en septiembre de 2026. De ese total, 531 estuvieron relacionadas con interrupciones del servicio eléctrico y otros reclamos sobre el sistema.
Según la versión recogida en la nota, hace una semana Rodríguez afirmó que el alivio a la crisis llegará “pronto” y cuestionó la quema de neumáticos durante las manifestaciones. La oposición y especialistas atribuyen las fallas a casos de corrupción y a la falta de mantenimiento del sistema, mientras que el Gobierno chavista responsabiliza a las sanciones, factores climáticos y presuntos sabotajes.
La reforma eléctrica volvió a quedar en espera
Un día después de ese anuncio, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aplazó por segunda vez el debate final sobre la reforma de la ley del servicio eléctrico. La iniciativa busca abrir espacio a la inversión privada en un sector golpeado por apagones tras más de una década de crisis.
Pedro Carreño pidió la postergación de la discusión y dijo que el Parlamento avanzó de “manera fecunda” en el análisis de parte de los más de 20 artículos previstos para la reforma.
La Asamblea prevé retomar el tratamiento del proyecto en una próxima sesión, aunque no fijó una fecha. El texto regula la prestación del servicio eléctrico en todo el territorio venezolano y los “intercambios internacionales de energía a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización”.
También plantea contribuir a garantizar el acceso universal a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad, además de asegurar el desarrollo integral de la nación con la energía requerida para impulsar las actividades socioeconómicas.
La propuesta añade como objetivo construir un sistema eléctrico nacional “eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro”, con garantías para los derechos de los usuarios.
