Representantes del Comité Nacional de Familias de Venezuela “Allí hay libertad” sostuvieron un encuentro con la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, para denunciar las precarias condiciones de reclusión que enfrentan sus allegados. La organización, que agrupa a familiares de más de 1.300 personas privadas de libertad en 13 estados del país, busca visibilizar las vulneraciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.
Solicitudes ante el sistema judicial
Durante la reunión, los voceros del comité presentaron una serie de exigencias orientadas a garantizar el debido proceso y la transparencia en la gestión de los expedientes. Entre los puntos clave, solicitaron formalmente su participación en la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, argumentando que sus testimonios son fundamentales para la transformación del sistema.
Exigencias por condiciones dignas
Además de las garantías procesales, el grupo hizo un llamado urgente para mejorar la calidad de vida en los centros de reclusión. Sus peticiones incluyen la prestación de servicios de salud adecuados, la dignificación de los espacios penitenciarios y el respeto hacia los familiares durante las jornadas de visita y los trámites administrativos.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo se comprometió a evaluar las solicitudes presentadas para coordinar acciones con los organismos correspondientes, priorizando la protección de la salud y la vigilancia sobre el cumplimiento de las garantías constitucionales de la población reclusa.
