La defensora de derechos humanos y directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, obtuvo su libertad plena este jueves 1° de octubre tras una sentencia absolutoria dictada por el Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo. La medida, que cierra uno de los procesos judiciales más señalados por irregularidades en el país, también benefició a otras tres personas procesadas en el mismo expediente, conocido como el caso del Brazalete Blanco.
Condenas y sentencias en el caso Brazalete Blanco
A pesar de la absolución de San Miguel, el proceso judicial derivó en sentencias condenatorias para otros 10 ciudadanos. Según reportes de la organización Foro Penal, las penas oscilan entre los tres y los 18 años de prisión por delitos de conspiración y encubrimiento. Entre los sentenciados se encuentran Angelo Heredia, condenado a 18 años, y Guillermo Enrique César junto a Ronald Ferrer, quienes recibieron 12 años de cárcel. Ambos grupos permanecen recluidos en centros penitenciarios sobre los cuales existen denuncias de tratos crueles e inhumanos.
Otros cinco implicados, entre ellos el coronel Carlos Jesús Sánchez Vásquez y la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron sentenciados a tres años por encubrimiento, bajo medidas cautelares que incluyen presentación periódica ante el tribunal y prohibición de salida del país.
Reacciones tras el fallo judicial
Tras conocerse la decisión, San Miguel expresó su postura a través de sus redes sociales, manifestando gratitud por su liberación pero rechazando las condenas impuestas a sus coacusados, a quienes calificó como víctimas de una decisión injusta. La defensora enfatizó que la verdadera justicia solo será posible cuando los derechos fundamentales sean garantizados para todos los venezolanos.
La detención de San Miguel, ocurrida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, fue catalogada por diversos organismos internacionales como una desaparición forzada. Tras permanecer recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fue excarcelada a inicios de 2026, marcando el fin de un periodo de detención que fue objeto de críticas por la falta de garantías procesales y atención médica adecuada.
