Carlos Alberto Bonilla Álvarez, abogado y presidente del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, quedó en el centro de un fuerte rechazo público por su actuación en el expediente del capitán Juan Carlos Caguaripano y otros 22 procesados por la toma del Fuerte Paramacay, en Valencia.
Según el texto, Bonilla Álvarez asumió la dirección del circuito en agosto de 2025, luego de ser juramentado en Caracas por Caryslia Rodríguez. Antes había pasado por tribunales laborales del estado Barinas y por el Juzgado Superior en lo Civil Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte.
La decisión que encendió las críticas
El descontento se agudizó después de que el caso fuera retirado de la Sala 1 de la Corte de Apelaciones de Valencia. De acuerdo con el relato, allí el juez Alejandro Chirimelli tenía preparada una ponencia para revocar las penas, pero el expediente pasó a la Sala 2, presidida por Bonilla Álvarez.
Defensores de derechos humanos sostienen que el funcionario presionó a magistrados disidentes para forzar la ratificación de las condenas. Esa maniobra, según esa versión, obligaría a reiniciar el litigio y mantendría firme la pena de 30 años contra los condenados.
Un caso que arrastra ocho años
El expediente se originó en la madrugada del 6 de agosto de 2017, cuando un grupo liderado por Caguaripano tomó el Fuerte Paramacay y sacó armas de la instalación militar. Luego vino una persecución que terminó con detenciones en Caracas una semana después.
El texto añade que los acusados pasaron más de ocho años recluidos en el Sebin de El Helicoide y que organizaciones de derechos humanos denunciaron aislamientos y torturas. A finales de diciembre de 2025, el tribunal dictó sentencia y condenó a Caguaripano, Jefferson García Dos Ramos y otros 21 implicados a 30 años de prisión.
Irene Olazo, esposa de Caguaripano, calificó las decisiones recientes como una extensión de la tortura y afirmó que Bonilla Álvarez “solo cumple órdenes”.
También el exfiscal Zair Mundaray cuestionó el perfil del funcionario y lo vinculó con decisiones judiciales previas en Carabobo y en el estado Barinas, además de su cercanía con Rafael Lacava, según su declaración.
Desde la llegada de Bonilla Álvarez al cargo, las cuentas oficiales del Palacio de Justicia han difundido imágenes de pintura, jornadas médicas y simulacros de audiencias. Mientras tanto, familiares y abogados sostienen que persiste el retardo procesal en las causas de fondo.
