La revisión legislativa examinará las fallas mecánicas, las especificaciones de los vehículos y el proceso de contratación. La comisión tiene 30 días para presentar sus conclusiones.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador investigará la compra de seis camiones recolectores de basura para Quito, luego de que un examen especial de la Contraloría señalara presuntas irregularidades y un perjuicio económico estimado en 786.923 dólares. La adquisición fue firmada en agosto de 2024.
Las observaciones citadas por el legislador Fernando Jaramillo, de ADN, incluyen fallas mecánicas, incumplimientos de requisitos técnicos y omisiones en el control de recepción. La resolución legislativa fue aprobada con 82 votos.
La revisión examinará capacidad y condiciones técnicas
Según lo expuesto por Jaramillo a partir del examen especial DNA6-EP-0030-2026, los camiones debían tener una capacidad de carga de 3,5 toneladas, pero se habría constatado que era de 3,09 toneladas. También se reportaron inconsistencias en los chasis, la potencia de los motores, los frenos y los números de identificación vehicular.
Las observaciones incluyen la falta de una evaluación técnico-mecánica integral antes de recibir los vehículos. La fiscalización deberá contrastar esos señalamientos con la documentación de la compra y determinar si se cumplieron las condiciones técnicas y legales, así como las responsabilidades que pudieran corresponder.
Sercop y Contraloría deben remitir documentos en diez días
La resolución pide al Servicio Nacional de Contratación Pública y a la Contraloría que entreguen información en un plazo de diez días desde la notificación. El organismo de contratación deberá remitir los registros del proceso, incluidos los acuerdos internacionales utilizados, los pliegos, las ofertas, las actas de calificación y adjudicación, los contratos complementarios y los controles realizados.
La Contraloría deberá informar sobre sus hallazgos en Emaseo EP y precisar si, con base en el examen citado, existen informes de responsabilidad administrativa, civil culposa o penal relacionados con el caso. También se solicitó al organismo de contratación revisar la legalidad, necesidad y conveniencia de los acuerdos internacionales empleados.
La Comisión de Fiscalización podrá convocar a funcionarios y servidores públicos vinculados con el proceso e invitar a especialistas en contratación pública e ingeniería automotriz. Una vez recibida la documentación requerida, tendrá 30 días para presentar al pleno un informe con conclusiones y recomendaciones.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
