El país cerró de último entre 143 jurisdicciones en el indicador del World Justice Project. También apareció en el fondo en cuatro de los ocho factores evaluados.
Venezuela ocupó el puesto 143 entre 143 países y jurisdicciones en el Índice de Estado de derecho 2026 del World Justice Project, el informe que mide cómo funcionan las instituciones, cómo se aplican las leyes y qué tan protegidos están los derechos fundamentales.
Los peores resultados del país
El país quedó en el último lugar de la clasificación general y también en la última casilla en cuatro de los ocho factores que integran el indicador: restricciones a los poderes del gobierno, aplicación de las normas, justicia civil y justicia penal.
La peor puntuación fue la de justicia penal, con 0,11 sobre 1. En ese mismo factor, Venezuela volvió a aparecer en el puesto 143. El informe también la ubicó en esa posición en las restricciones a los poderes del gobierno, un componente que revisa la existencia de controles institucionales sobre las autoridades, así como la rendición de cuentas y la supervisión que pueden ejercer la prensa y la sociedad civil.
En aplicación de las normas, el índice examina si las regulaciones se hacen cumplir de forma efectiva y justa, sin influencias indebidas, y si los procedimientos administrativos respetan el debido proceso. La justicia civil, por su parte, mide si las personas pueden resolver disputas de manera accesible, imparcial y efectiva.
La categoría en la que el país obtuvo su mejor resultado relativo fue orden y seguridad, con 0,54 puntos, aunque aun así quedó en el puesto 129.
Un retroceso extendido
El World Justice Project señaló que el deterioro no fue exclusivo de Venezuela. En 2026 registró retrocesos en el Estado de derecho en el 62 % de los países evaluados, frente a mejoras en el 38 %.
La organización indicó además que la libertad de opinión y expresión empeoró en el 64 % de los países, la libertad de reunión y asociación en el 67 % y la participación ciudadana en el 65 %. También reportó debilidad en la justicia civil en el 64 % de las jurisdicciones, en la justicia penal en el 58 % y en los límites judiciales al poder gubernamental en el 63 %.
El índice se construye con encuestas a hogares, especialistas y profesionales del derecho, además de otras fuentes de información. Sus puntuaciones van de 0 a 1: cuanto más alta es la cifra, mejor es el desempeño en cada factor.
Por eso, la organización insiste en que la posición de un país debe leerse junto con sus puntajes y con las dimensiones específicas que mide el informe, no como una sola cifra aislada.
El WJP también advierte que el Estado de derecho influye en decisiones económicas, porque pesa la seguridad jurídica, la protección de la propiedad y la posibilidad de resolver disputas ante tribunales imparciales. Sin embargo, el índice no mide por sí solo cuánto dinero deja de invertirse en un país ni prueba una relación causal directa entre una posición y un resultado económico.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
