Fitch Ratings advirtió que las metas fiscales de mediano plazo anunciadas por el Gobierno de Chile reflejan los retos que enfrentará la administración de José Antonio Kast para avanzar en su plan de consolidación fiscal, en un escenario de menor margen presupuestario, expectativas de crecimiento exigentes y limitaciones para recortar el gasto.
Metas fiscales y presión sobre las cuentas públicas
En un informe publicado este martes, la agencia señaló que los nuevos objetivos oficiales son, en términos generales, compatibles con sus propias proyecciones. No obstante, indicó que podrían requerirse medidas adicionales para cumplir con las metas planteadas.
El Gobierno chileno busca reducir el déficit estructural hasta 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030 y mantener la deuda pública por debajo de un límite prudencial de 45% del PIB. Para lograrlo, la administración de Kast anunció un plan de recortes de gasto cercano a US$6.000 millones durante los primeros 18 meses de gestión.
Fitch recordó que el punto de partida es más débil de lo previsto por las autoridades. Entre los factores que preocupan a la agencia figuran una recaudación tributaria por debajo de las estimaciones presupuestarias y presiones persistentes sobre el gasto, especialmente en salarios del sector público.
En mayo, el Informe de Finanzas Públicas elevó la proyección de déficit del Gobierno central para 2026 de 1,8% a 2,4% del PIB, incluso después de incorporar los nuevos ajustes presupuestarios. En ese contexto, el Ejecutivo pidió al Congreso autorización para emitir US$6.200 millones adicionales en deuda durante este año.
La agencia prevé que el déficit fiscal alcance 2,5% del PIB en 2026, una cifra cercana a la estimada por las autoridades. También indicó que sus cálculos ya tomaban en cuenta ingresos inferiores a los esperados y posibles dificultades para aplicar reducciones de gasto de gran magnitud.
Además, Fitch señaló que el Gobierno enfrenta demandas de financiamiento en educación, salud y pensiones, al mismo tiempo que mantiene compromisos para reforzar la seguridad pública y las políticas orientadas a enfrentar la inmigración irregular.
El crecimiento económico como factor decisivo
El informe subrayó que el cumplimiento de las metas fiscales dependerá, en parte, de la capacidad de la economía chilena para acelerar su crecimiento. Mientras las autoridades proyectan una expansión anual de entre 3,5% y 4%, Fitch estima un crecimiento de 1,6% en 2026 y de 2,9% en 2027, antes de una nueva desaceleración en los años siguientes.
La calificadora sostuvo que mantener la deuda pública por debajo del umbral de 45% del PIB requerirá no solo cumplir con las metas fiscales anunciadas, sino también alcanzar un crecimiento económico mayor al contemplado en los escenarios oficiales más prudentes.
También señaló que el Ejecutivo procura reducir otras necesidades de financiamiento mediante cambios en programas de vivienda y créditos estudiantiles, el avance de privatizaciones y el fortalecimiento de empresas estatales.
Reforma tributaria y riesgos de ejecución
Fitch también evaluó el proyecto de reforma económica que impulsa el Gobierno y que sigue en discusión en el Congreso. La propuesta incluye bajar la tasa del impuesto corporativo desde el nivel actual hasta 23% en 2029, reintegrar los impuestos corporativos y personales sobre la renta e introducir un crédito tributario para el empleo.
Según estimaciones de la Dirección de Presupuestos de Chile citadas por la agencia, la reforma tendría un impacto fiscal negativo de aproximadamente 0,3 puntos porcentuales del PIB por año durante los próximos tres años. El efecto pasaría a ser positivo recién hacia 2035.
La calificadora añadió que los beneficios esperados sobre el crecimiento económico son inciertos y que, si no se concretan, el costo fiscal neto podría ser mayor. También advirtió que una estrategia basada en mayor crecimiento y una fuerte disciplina del gasto podría resultar difícil de ejecutar, especialmente porque el Gobierno excluyó a la seguridad pública de los recortes aplicados este año y enfrenta presiones para dar un trato similar a educación y salud, sectores que junto con seguridad concentran la mayor parte del gasto operativo.
La evaluación sobre la nota soberana
Fitch mantiene la calificación de Chile en “A-” con perspectiva estable. La agencia explicó que esa nota incorpora su escenario base de un aumento gradual de la deuda pública, aunque todavía por debajo del 45% del PIB durante el período proyectado.
Sin embargo, advirtió que una consolidación fiscal más débil de la esperada o una desaceleración económica inesperada que aumente la probabilidad de superar ese límite podrían generar presiones negativas sobre la calificación crediticia del país.
Por último, Fitch recordó que la deuda pública chilena aumentó alrededor de 10 puntos porcentuales del PIB desde octubre de 2020, cuando rebajó la nota soberana del país desde la categoría “A”.
