Trabajadores y organizaciones sindicales de Guayana volvieron a pedir la reactivación del servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) y la…
Trabajadores y organizaciones sindicales de Guayana volvieron a pedir la reactivación del servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad (HCM) y la restitución de beneficios contemplados en sus contratos colectivos, en medio de denuncias sobre el deterioro de la atención médica y otras condiciones laborales en la zona industrial.
Un reclamo reiterado en junio
Durante el último mes, al menos tres agrupaciones laborales han planteado la misma exigencia: el cese del memorándum 2792, la reactivación del HCM y el cumplimiento de las contrataciones colectivas. Este lunes, la Plataforma Ética y Moral Laboral de Guayana volvió a elevar la denuncia y advirtió que, si no reciben respuestas, podrían radicalizar sus acciones de protesta.
“El Estado es garante de la seguridad y la vida. Estamos estudiando la posibilidad de demandar al Estado por no aplicación del HCM que después de estar plasmado en contrato colectivo es de obligatorio cumplimiento. Lo que queremos es que se cumpla el marco legal”, señaló Luis Felipe Medina, dirigente sindical de Alcasa.
Demandas ante instancias legales
El 8 de junio, la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar introdujo una demanda por este mismo motivo ante el Ministerio Público, con la exigencia de que cesen los efectos del memorándum 2792 en la localidad.
En junio, al menos tres agrupaciones laborales han hecho solicitudes similares, con foco en el mal estado del Hospital de los Trabajadores de Guayana, que debía sustituir el HCM y que, de acuerdo con los trabajadores, hoy no garantiza atención médica oportuna.
Denuncias en Alcasa
Medina también denunció irregularidades en Alcasa, entre ellas la falta de equipos de protección personal y la presencia de alimentos en mal estado dentro de la planta.
“A los trabajadores no les entregan mascarillas, guantes ni máscaras de seguridad… un desastre total. El caso más puntual es la pérdida de 1.000 kilos de pollo y 200 de costillas, pero le niegan la comida al trabajador. Le niegan la posibilidad de ingresar a sus puestos de trabajo”, afirmó.
Desde 2023, decenas de trabajadores de Alcasa han denunciado su desincorporación bajo la figura de “no requeridos”. Ese caso se mantiene en tribunales de Puerto Ordaz ante la falta de respuesta de la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro.
La medida, según los voceros, agrava la situación de desamparo en materia de salud, porque aseguran que quedan marginados por la directiva luego de salir de las plantas.
“Los trabajadores mueren a mengua en una institución sin condición alguna para prestar servicios de salud”, sostuvo Medina, al referirse al Hospital de Trabajadores Dr. José Gregorio Hernández.
Advertencia de nuevas acciones
La vocería de la actividad afirmó que agotará todas las instancias hasta obtener atención. También insistió en que la protesta no tiene carácter político, sino que responde a una presunta violación de derechos humanos.
“Hemos vivido situaciones críticas en cuanto a la salud. Queremos dejar claro que vamos a proceder jurídicamente. Si tenemos que radicalizar las cosas como pasó con Cruz Hernández y con Celis Rondón, que tuvimos que mostrar cómo le tuvieron que sacar una tripa y mandarlo a su casa a morirse; lo haremos. Si tenemos que forzar a la CVG lo vamos a hacer, es la manera en la que dan respuesta”, expresó César Soto, dirigente laboral de Sidor.
Las referencias apuntan al caso de Cruz Hernández, quien permaneció cuatro días en espera para ser atendido tras una obstrucción intestinal, y al de Celis Rondón, que requiere una intervención quirúrgica por una complicación médica.
