La crisis que atraviesa el sector eléctrico venezolano mantiene al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) funcionando con apenas un 40% de su capacidad instalada efectiva. Aunque el país cuenta con una capacidad nominal superior a los 25.000 megavatios (MW), la generación real oscila entre los 9.000 MW y 11.000 MW, una brecha que perpetúa los constantes cortes de servicio en la mayor parte del territorio nacional.

Vulnerabilidad hídrica y deterioro operativo

El suministro eléctrico nacional depende fundamentalmente de la fuente hidroeléctrica, la cual aporta entre un 75% y 80% de la energía a través de las centrales «Simón Bolívar» en Guri, Caruachi y Macagua, ubicadas en el Bajo Caroní. Esta alta dependencia deja al sistema expuesto ante sequías o fallas en las redes de transmisión, debido a la severa afectación del parque térmico.

Instalaciones termoeléctricas clave como Planta Centro o Tacoa operan a una fracción mínima de su potencial por la escasez de repuestos, insumos técnicos y combustibles como gas natural y diésel. A esto se suma la pérdida de talento humano, con más del 50% de la nómina especializada de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) habiendo abandonado la institución, mientras que grandes proyectos de diversificación como Tocoma han permanecido paralizados durante años.

Impacto regional y propuestas de recuperación

Mientras el Área Metropolitana de Caracas recibe prioridad en el suministro para evitar colapsos en instituciones oficiales, los estados del occidente —como Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo y Lara— y de la región llanera sufren interrupciones que van de 4 a 16 horas diarias. Ante este panorama, estudios técnicos calculan que la recuperación integral del SEN requerirá aportes de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en un horizonte de cinco a ocho años.

En el debate público se han abierto propuestas que contemplan esquemas de capital mixto, la revisión del monopolio estatal, el establecimiento de concesiones para la participación privada, la creación de un ente regulador independiente y un ajuste tarifario que permita cubrir los costos operativos, protegiendo mediante subsidios focalizados a los sectores más vulnerables.