El país busca abrir una evaluación técnica del Fondo en medio de presión fiscal, pero sin una crisis macroeconómica como la de Argentina o Ecuador.
Colombia se acerca al Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio de un deterioro fiscal, pero un eventual programa tendría un rasgo distinto al de Argentina, Bolivia y Ecuador: el país no parte de una crisis macroeconómica comparable.
La evaluación técnica que pidió el Gobierno
El Gobierno de Abelardo De la Espriella solicitó al FMI iniciar una evaluación técnica mediante la misión del Artículo IV, un primer paso para profundizar la cooperación y explorar mecanismos de financiamiento.
Juan José Echavarría advirtió que, si Colombia no quiere hacer un ajuste fiscal, no debería acudir al Fondo Monetario Internacional, porque eso implicaría asumir más restricciones. El exgerente del Banco de la República sostuvo que, si el Gobierno está dispuesto a corregir las cuentas públicas, el Fondo puede convertirse en un aliado para ese proceso.
“La primera pregunta es si Colombia quiere o no hacer el ajuste. La segunda es cómo hacerlo”, señaló Echavarría.
Las cuentas públicas y el costo del financiamiento
ANIF advierte que las necesidades de financiamiento del Gobierno son elevadas. Para 2027, el Plan Financiero contempla desembolsos externos por COP$87,7 billones e internos por COP$150,8 billones.
En ese escenario, el FMI podría ofrecer una alternativa frente al financiamiento tradicional. ANIF calcula que una Línea de Precaución y Liquidez tendría un costo cercano a 3,7% efectivo anual, por debajo del rendimiento de los bonos externos colombianos con vencimientos similares, que ronda el 6,6% efectivo anual.
La diferencia estimada por ANIF es de unos 290 puntos básicos. Aun así, Echavarría afirmó que el principal atractivo no estaría solo en obtener dinero más barato.
“Lo importante no es el desembolso. Lo importante es la señal que el Fondo le da a los mercados internacionales y el acompañamiento técnico que ofrece”, afirmó.
Argentina, Bolivia y Ecuador como referencias
ANIF y Echavarría comparan el caso colombiano con el de Argentina, Bolivia y Ecuador. En Argentina, desde su ingreso al FMI en 1956, el país ha tenido 23 acuerdos con el organismo. El episodio de 2018 derivó en un programa Stand-By por 36 meses, luego ampliado, y más tarde reemplazado por la falta de recuperación de la viabilidad externa. En 2022, el Fondo aprobó un nuevo programa de Facilidades Extendidas por unos US$44.000 millones.
Sobre ese país, Echavarría sostuvo: “El problema es que Argentina es un despelote permanente y existe una división muy profunda sobre la necesidad de hacer el ajuste fiscal”. También dijo que Colombia sí quiere hacer ese ajuste y que no debe copiar un recorte como el aplicado por Javier Milei, porque sería demasiado traumático y no necesario.
En Bolivia, la relación con el FMI estuvo vinculada al proceso de estabilización iniciado en 1985, tras una crisis marcada por hiperinflación, deterioro fiscal y problemas de deuda. La inflación pasó de 18% en 1990 a 3,1% en 1999, mientras la deuda externa pública disminuyó como proporción del PIB.
Ecuador, por su parte, ofrece un antecedente más cercano a un programa de financiamiento efectivo. En 2019, el FMI aprobó un acuerdo de Facilidades Extendidas por US$4.200 millones. La pandemia llevó a cancelarlo en 2020, y ese mismo año se acordó otro por US$6.500 millones. El programa fue completado en diciembre de 2022 y, según la evaluación del Fondo, contribuyó a restaurar la estabilidad macroeconómica y mejorar la sostenibilidad fiscal.
La relación volvió a intensificarse en 2024, cuando el FMI aprobó otro acuerdo de Facilidades Extendidas por 48 meses y unos US$4.000 millones inicialmente.
La señal que busca Colombia
ANIF considera que las opciones más probables para Colombia serían una Línea de Precaución y Liquidez o un Acuerdo Stand-By. La primera exige un desempeño sólido y medidas fiscales creíbles; el Stand-By tiene una condicionalidad más amplia y permite negociar el ajuste dentro del programa.
Para Echavarría, esa diferencia es clave. Sostuvo que hay emisiones que llegan a Colombia precisamente porque existe un programa acordado con el Fondo y porque se trata de un programa serio.
ANIF coincide en que el principal valor de un eventual programa no estaría solo en los recursos, sino en el respaldo al ajuste fiscal y en la señal de credibilidad que recibirían los mercados.
Por eso, un apoyo del FMI no necesariamente implicaría que Colombia atraviesa una crisis como la de otros países de la región. Su función principal podría ser acompañar la corrección de los desequilibrios, reducir el costo del financiamiento y reforzar la confianza externa.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
