La Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchó en Panamá testimonios de representantes de seis países que denunciaron daños vinculados a operaciones de empresas mineras canadienses en América Latina, incluidos cuatro supuestos ataques contra defensores ambientales. La audiencia se realizó el 27 de octubre para examinar las obligaciones de Canadá frente al impacto de sus compañías extractivas en el exterior.
Denuncias por agua, amenazas y violencia
Marco Manobanda, piscicultor indígena de Las Naves, en Ecuador, afirmó que la mina de cobre y oro El Domo, propiedad de Silvercorp Metals Inc. y Salazar Resources Ltd., con sede en Vancouver, provoca deforestación y contaminación del agua. También denunció presencia militar, amenazas y allanamientos. Los activistas señalaron que en junio de 2025 el ejército y la policía dispersaron con gases lacrimógenos y balas de goma una protesta pacífica.
Desde Colombia, Mayerly López habló de amenazas contra quienes protegen el páramo de Santurbán frente a la extracción de oro de Aris Mining Corporation en el proyecto Soto Norte. Dijo además que en panfletos los defensores son vinculados con grupos armados. Global Witness contabilizó 39 asesinatos de defensores ambientales en Colombia en 2025.
Otros testigos expresaron preocupación por la actividad minera en México, Panamá, República Dominicana y Argentina.
