Desde el 31 de octubre, soldados de la Unidad de Respuesta Rápida del Ejército ocupan un terreno en Buena Vista, municipio Pedro Camejo, en Apure, como parte del despliegue posterior a los bombardeos de la madrugada del 30 de octubre contra campamentos del ELN en la frontera con el departamento de Vichada, Colombia.

Juan Francisco García Escalona, exdiputado, abogado y defensor de derechos humanos, dijo este lunes 2 de noviembre que persiste el hermetismo sobre qué unidad opera en la zona y que en tierra se mantiene un amplio barrido militar.

“Creemos que este es el primer ataque con drones que realiza el Ejército, tomando en consideración que los drones simplemente eran de reconocimiento en el territorio, pero nunca habían atacado. Además, los drones que tiene el Ejército creo que son rusos, iraníes, no sé cómo es el asunto allí, pero en este momento hay buena cantidad de soldados haciendo un barrido en tierra”, afirmó.

Al menos 19 muertos y cuerpos llevados a San Fernando

El sábado 31 de octubre, Radio Fe y Alegría reportó de forma preliminar 19 muertos y cinco heridos que huyeron a Colombia tras el ataque.

Un periodista en el estado Apure, cuyo nombre se reserva por seguridad, precisó este lunes que todo el despliegue militar salió desde San Fernando de Apure hacia Puerto Páez y que a la capital del estado ingresaron inicialmente al menos nueve cuerpos.

“Las personas que resultaron muertas, tengo entendido que las llevaron para el hospital Pablo Acosta Ortiz de San Fernando”, aseguró.

García Escalona explicó que esos primeros nueve cadáveres pasaron antes por la morgue que construyó la Cruz Roja en el cementerio Luz Herrero, una sede que no es forense oficial del Cicpc ni del Senamec. Luego, añadió, fueron trasladados al hospital Pablo Acosta Ortiz, donde una comisión nacional del Cicpc practica las necropsias para determinar la causa de muerte e identificar los cuerpos.

Más tarde ingresaron otros diez fallecidos traídos desde el campamento, mientras el acceso a la información oficial siguió restringido.

“En Puerto Páez nos indican los pobladores que hay siete cadáveres de personas que reclamó la comunidad y que estaban allá. Y otra cantidad importante de cuerpos que supuestamente quedaron en la zona en un estado realmente imposible de recuperar”, señaló.

Documentos hallados y denuncias sobre la frontera

Habitantes de Puerto Páez reportaron a García Escalona, y a Radio Fe y Alegría Noticias, el hallazgo de documentos venezolanos en el sitio del bombardeo, entre ellos cédulas de identidad de Jesús Javier Brugal Carrero, V-11.821.394, y de Juan Carlos Guerrero Márquez, V-16.790.349, además de licencias de conducir de Brugal Carrero, Wilden Luis Solórzano Camacho y Gabriel Carlos Brugal, y una credencial de Signature Aviation con la inscripción Guest Experience, vinculada con el Aeropuerto Internacional de Miami.

García Escalona señaló que durante los 40 días previos al bombardeo grabó y publicó vuelos de aviones chinos K-8W que salían de la base aérea de Barquisimeto, recargaban combustible en el aeropuerto Las Flechas de San Fernando y vigilaban La Victoria, frente a Arauca, así como Elorza y Pedro Camejo. Vecinos de San Fernando y Pedro Camejo también dijeron que vieron helicópteros militares sobrevolando la zona durante toda la semana pasada.

El abogado precisó que el campamento atacado se movía entre La Raya, La Culebra, Guafillas y Buena Vista, en la ribera del río Meta que comparten Venezuela y Colombia.

También indicó que una oficina internacional contra el narcotráfico en Brasil ya había alertado que La Macanilla y Buena Vista funcionaban como retaguardia guerrillera y como uno de los mayores centros de acopio de cocaína en América Latina, donde el kilo cuesta 1.000 dólares, según fuentes locales que citó en su reporte del sábado en X.

En paralelo, informó que hace unos 20 días indígenas de la zona reportaron enfrentamientos por el control de minas de bauxita y coltán en Los Pijiguaos, estado Bolívar, y cerca del paso del Burro, donde se unen Bolívar, Amazonas y Apure entre los ríos Meta y Orinoco. Ese choque dejó indígenas heridos que no denunciaron por miedo.

En su reporte, García Escalona también denunció presiones de grupos armados contra habitantes de San Rafael en el municipio San Fernando, El Terrón en Arichuna, el Capanaparo, Achaguas y Quintero en el municipio Muñoz, Elorza en el municipio Rómulo Gallegos y Palmarito, Guasdualito, El Amparo, La Victoria y El Nula en el municipio Páez.

Tarazona ve un giro oficial frente al ELN

Javier Tarazona, coordinador de Fundaredes, dijo este lunes que los ataques contra el ELN en Apure muestran un cambio de postura oficial frente a la guerrilla.

“El tiempo nos está dando la razón. Lo que el Gobierno por años ocultó y negó, hoy lo acepta y lo combate. El reporte de los últimos días de enfrentamientos en el estado Apure contra campamentos del ELN son el reflejo de un viraje”, afirmó.

Tarazona recordó que estuvo cinco años preso y sigue bajo juicio sin libertad plena, con régimen de presentación, por haber denunciado esa presencia irregular.

Advirtió además que el abandono estatal destruyó el empleo, la producción y los hospitales públicos en la frontera, y sostuvo que eso empujó a miles de personas a buscar atención médica en Colombia y facilitó que las Farc, el ELN y grupos paramilitares levantaran una economía paralela con reclutamiento de niños, adolescentes, jóvenes y civiles.

“Más de 90.000 niños a esta hora del estado Táchira ven clase del lado colombiano”, dijo, al advertir que la población civil de Apure queda atrapada en medio de los ataques y del control armado.