Con apoyos cruzados y críticas al texto, el Senado argentino dio dictamen a un proyecto que reemplaza la emergencia por un régimen permanente para discapacidad.
El Senado argentino dio dictamen este miércoles al proyecto de fortalecimiento de la atención a la discapacidad, tras un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. La votación reunió respaldos de oficialismo y oposición, pese a los cuestionamientos sobre la redacción y las críticas al manejo del área por parte del gobierno de Javier Milei.
Un aval con apoyos de distintos bloques
La iniciativa obtuvo una mayoría inusual en la que confluyeron senadores libertarios, radicales, de Pro, peronistas disidentes, fuerzas provinciales y kirchneristas. Con ese dictamen, el texto aprobado por Diputados quedó habilitado para ser tratado por la Cámara alta cuando vuelva a sesionar, algo que podría ocurrir dentro de dos semanas.
Patricia Bullrich respaldó el proyecto desde el inicio y afirmó: “Esto no es asistencia social, esto es una prestación y una regulación permanente ya que refuerza las prestaciones y los controles. Este proyecto busca dar una respuesta permanente, ya no una emergencia, a las personas con discapacidad y sus familias”.
También el kirchnerismo acompañó el dictamen, aunque con reparos al texto y a la política oficial en discapacidad. Juliana Di Tullio dijo que lo harían “para que haya certeza de que el 31 de diciembre la emergencia no se cae”.
Qué cambia el proyecto
El texto, llamado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente y de orden público. Mantiene las prestaciones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, y su compatibilidad con empleo formal o monotributo para titulares del Certificado Único de Discapacidad, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
En cobertura sanitaria, garantiza a los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad el acceso a un programa médico que asegure las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901, con continuidad de la atención a través de Incluir Salud.
Además, sostiene el nomenclador único de prestaciones y la homogeneidad de los aranceles, con actualización automática y periódica mediante el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor. Alejandra Vigo objetó ese punto y pidió cuatro cambios, pero sus planteos no fueron incorporados. Según dijo, el texto deja la actualización de los valores 30% por debajo de la inflación y el nomenclador estaría 43% retrasado respecto de 2017.
El proyecto prevé partidas específicas del Ministerio de Salud y compensaciones con recursos del Tesoro si fueran insuficientes. También incorpora auditorías periódicas mediante el cruce de información entre Anses, ARCA y el Registro Nacional de las Personas, y fija un plazo de 60 días para que las personas notificadas por eventuales suspensiones puedan presentar descargo y pedir revisión.
Por último, establece que el Poder Ejecutivo deberá notificar un cronograma dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y prever la cancelación total de los pagos a prestadores dentro de los 90 días corridos para quienes hayan completado el trámite administrativo.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
