La Cámara Alta quiere dictaminar este miércoles un proyecto que ya pasó Diputados con amplio respaldo y llegar al recinto el 19 de noviembre.
El Senado de la Nación en Argentina abrió el debate del proyecto de Discapacidad y buscará dictaminarlo este miércoles, con la intención de llevarlo al recinto en la sesión prevista para el 19 de noviembre. La iniciativa ya fue aprobada en Diputados por amplia mayoría, después de que el Gobierno aceptara cambios al texto.
Un trámite que se encamina rápido
El plenario de Presupuesto y Población se reúne a las 16 y, según el escenario que describen en la Cámara Alta, el expediente podría avanzar sin demoras mayores. En Diputados, el proyecto reunió 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones de la Izquierda, con acompañamiento incluso del peronismo.
Tras la presión opositora y la intención de cerrar un frente que complica al Gobierno, el oficialismo modificó su postura y aceptó todos los pedidos de la oposición.
Los cambios que quedaron en el texto
La propuesta conserva el Certificado Único de Discapacidad, la actualización mensual por IPC de las prestaciones y la pensión no contributiva, además de permitir que pueda cobrarse junto con un trabajo registrado.
El texto elimina el concepto de emergencia, que daba mayor discrecionalidad al Gobierno en el manejo de fondos, e incorpora las partidas que se usarán para financiar cada punto de la ley. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó ese costo en $598.912 millones para 2027.
También se especificaron en la ley los requisitos para acceder a una pensión por discapacidad. Uno de ellos es no percibir ingresos económicos individuales netos iguales o superiores a dos salarios mínimos vitales y móviles.
Además, se garantiza la continuidad del programa médico de atención y cobertura de salud para quienes cobran una pensión no contributiva por invalidez laboral o por discapacidad, y se fijaron plazos para pagar las deudas por compensaciones a prestadores: el cronograma deberá notificarse dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y la cancelación total, dentro de los 90 días corridos.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
