La Cámara de Diputados dio un paso inédito en Mendoza y separó a Janina Ortiz, condenada a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua.
La Cámara de Diputados de Mendoza expulsó este martes a Janina Ortiz, luego de que la Justicia la condenara a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por corrupción. La decisión cerró un proceso que había comenzado con su suspensión en marzo de 2024.
Una expulsión inédita desde 1983
Durante el debate, el presidente de la Cámara, Andrés Lombardi, afirmó que se trató del primer expediente de expulsión de un legislador mendocino desde el regreso de la democracia en 1983. Según dijo, en la historia de la Legislatura hubo suspensiones, pero nunca una expulsión como la resuelta ahora.
Ortiz había asumido su banca a fines de 2023 por la Unión Mendocina y permanecía suspendida sin goce de sueldo desde marzo de 2024, mientras avanzaban las investigaciones en su contra.
La expulsión obtuvo 46 votos a favor y solo una ausencia. Lombardi sostuvo que la sentencia judicial fue la base de la decisión y defendió que la Cámara debía enviar un mensaje institucional a la ciudadanía.
La causa por desvío de fondos en Las Heras
La legisladora fue señalada por su presunta participación en una maniobra delictiva cuando se desempeñaba como secretaria de Gobierno del exintendente Daniel Orozco, su esposo, en la municipalidad de Las Heras.
De acuerdo con la investigación, Orozco y Ortiz habrían desviado fondos de la municipalidad entre 2021 y 2023 mediante la Cooperativa de Trabajo “Manos a la Obra Limitada”, presentada como una organización que prestaba servicios de limpieza.
El 20 de octubre, Ortiz admitió los cargos en su contra en un juicio abreviado y recibió la condena de tres años de prisión en suspenso, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Pese a esa resolución, no renunció a su banca y llegó a iniciar un reclamo para que se le pagara el salario correspondiente al tiempo en que estuvo suspendida.
Durante la sesión, el diputado Julio Villafañe cuestionó ese reclamo y dijo que sería “muy gravoso” que avanzara. Agregó que, para cualquier trabajador, una suspensión implica dejar de cobrar, y sostuvo que en este caso, por tratarse de hechos de corrupción, el planteo resultaba “vergonzoso”.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
