Las labores de búsqueda y rescate tras los sismos del 24 de junio quedaron marcadas por trabas logísticas, controles repetidos y denuncias de acoso en las zonas de desastre, según el testimonio de integrantes del equipo chileno Topos de Chile y de corresponsales internacionales.

Francisco Lermanda, líder del grupo, aseguró que sus 46 especialistas han enfrentado interrupciones constantes mientras intentan ubicar sobrevivientes bajo los escombros de edificios colapsados.

Controles repetidos y obstáculos para entrar a las zonas críticas

De acuerdo con el relato de los rescatistas, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional ingresan de forma recurrente a las áreas más sensibles para pedirles sus documentos de identidad hasta cinco veces al día, bajo el argumento de verificar si son espías de Chile o de Estados Unidos.

En una de las escenas que Lermanda recordó, una rescatista preguntó por qué debía mostrar su documento otra vez y el militar respondió que tenían órdenes de chequearlos periódicamente porque podían ser “espías de los yanquis”, “espías de Estados Unidos” o “espías de Chile”.

Además, los equipos denunciaron que no pueden reingresar a las áreas de rescate si salen temporalmente a cargar sus teléfonos, una restricción que complica la atención de la emergencia.

Quejas por falta de herramientas y reportes de inmuebles destruidos

En medio del operativo, el teniente coronel Leonardo Acevedo, de los Bomberos del Distrito Capital, afirmó en redes que no cuentan con herramientas, técnica ni tecnología suficientes para responder a la emergencia.

“No tenemos las herramientas, no tenemos la técnica, no tenemos la tecnología”, dijo, al agradecer la llegada de los rescatistas internacionales.

También este 29 de junio, en las adyacencias del edificio Petunia, varios funcionarios de protección civil pidieron donativos de implementos como esmeriles, guantes y bolsas para cadáveres.

La NASA reportó, con base en tecnología satelital, que aproximadamente 58 870 edificaciones e inmuebles han resultado severamente dañados o destruidos en gran parte del país.

Los mapas compartidos por la agencia muestran en color rojo estructuras residenciales y comerciales completamente demolidas en Caraballeda, sus avenidas principales y otros estados cercanos.

Bloqueos para la prensa internacional y denuncias en Charallave

La misma jornada, la periodista británica Catherine Ellis denunció retrasos injustificados y maltrato logístico por parte del Ministerio de Comunicaciones venezolano, al tiempo que reporteros internacionales quedaron por horas varados sin aclaraciones sobre su traslado a La Guaira.

Los periodistas señalaron además una supuesta suspensión de acceso a la prensa y las ONG al estado costero por 48 horas, lo que, según Ellis, impide una cobertura independiente de la tragedia.

En paralelo, vecinos de Barrio Ajuro, en Charallave, denunciaron por redes sociales que algunas familias estarían usando a menores de edad para recibir donaciones como pañales y alimentos no perecederos, con la intención de revenderlos.

Los residentes pidieron intervención inmediata de los cuerpos de seguridad para frenar el desvío de insumos y garantizar que la asistencia llegue a las miles de familias en situación de vulnerabilidad.

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