Un grupo de pensionados y jubilados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) se concentró el 2 de octubre en la Casa Matriz de la empresa para denunciar el incumplimiento en el pago de sus prestaciones sociales y el reembolso de sus acciones, aprovechando la conmemoración del Día del Adulto Mayor.
Reclamo directo a la dirección de la CVG
Uno de los voceros del grupo de extrabajadores hizo un llamado a Héctor Silva, presidente de la CVG, para que responda ante el incumplimiento de los pagos de prestaciones y el reembolso de las acciones. El representante señaló que se trata de un reclamo de derecho laboral y solicitó la atención inmediata de las demandas del grupo, que incluyen no solo el salario y la reposición de trabajos de personas desincorporadas, sino también el pago justo de sus acciones.
La disputa por el valor de las acciones
El conflicto gira en torno al monto que la empresa ofrece para saldar la deuda correspondiente a las acciones de los jubilados y pensionados. La oferta actual es de aproximadamente 20 dólares por unidad, una cifra que los afectados consideran totalmente insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas.
El grupo reclama que sus acciones sean pagadas al valor fijado en el Consorcio Amazonia de 2018, equivalente a $104.73 por acción. Sin embargo, los manifestantes indicaron estar dispuestos a aceptar $95 por unidad, una cifra que describieron como “razonable, ni mucho ni poco, sino justa”, en contraposición a los $20 ofrecidos por la administración.
Seis años sin ingresos y riesgos laborales
Además de la disputa por las acciones, los jubilados alertaron sobre la situación crítica de algunos trabajadores que no han recibido salario desde 2020. Esta falta de ingresos los ha obligado a buscar otras fuentes de sustento, como la minería o el servicio de taxi, actividades que conllevan riesgos significativos por la falta de experiencia.
El vocero detalló que el mes pasado casi siete compañeros sufrieron accidentes en moto mientras realizaban estas labores informales, evidenciando la vulnerabilidad a la que están expuestos los adultos mayores ante la imposibilidad de cobrar sus prestaciones.



