La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Agnès Callamard, advirtió este lunes 28 de septiembre en Bogotá que los mecanismos de represión en Venezuela «no han cambiado», a pesar de la intervención estadounidense del 3 de enero pasado que condujo a la captura del dirigente chavista Nicolás Maduro en Caracas.

Estructuras intactas y temor a la superficialidad

Callamard señaló durante una entrevista que, si bien se han registrado ciertos avances en materia de derechos humanos y la liberación de algunas personas en el último medio año, existe el riesgo latente de que tales modificaciones sean meramente superficiales y se reviertan con rapidez. «Nuestro análisis es que ha habido algunos avances: han liberado a algunas personas que estaban detenidas. Pero nuestra principal preocupación es que los mecanismos de represión no han cambiado: son las mismas personas, las mismas leyes, las mismas instituciones, la misma policía: nada ha cambiado», expresó la máxima representante de la organización humanitaria.

Asimismo, la secretaria general recalcó que las bases estructurales que propiciaban la persecución sistemática continúan vigentes, y sostuvo que el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez no ha tomado las medidas suficientes para desarticularlos. Tras la captura de Maduro, la administración interina anunció un proceso de liberaciones y promovió una Ley de Amnistía que abarcó a más de 8.000 personas, aunque gran parte de los beneficiarios ya se encontraban bajo un régimen de libertad restringida.

Exigencia de rendición de cuentas en suelo venezolano

En el plano judicial internacional, Callamard se refirió a la situación de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por narcoterrorismo y conspiración para la importación de cocaína. Para la líder de Amnistía Internacional, someterlo a procesos judiciales bajo condiciones de aparente secuestro en el exterior no constituye una verdadera satisfacción para las víctimas locales.

La organización sostiene que el dirigente chavista debe rendir cuentas directamente en el territorio venezolano por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la ciudadanía, un escenario que, de acuerdo con la evaluación de la entidad defensora de los derechos humanos, carece actualmente de indicios reales de materialización.