La Red de Cooperación en Protección del Consumidor (CPC), coordinada por la Comisión Europea, abrió 11 acciones contra diez empresas de videojuegos por irregularidades en la venta y el precio de monedas virtuales dentro de sus plataformas. La iniciativa busca garantizar transparencia en los costos, evitar prácticas abusivas y proteger a los usuarios, especialmente a los menores de edad.

Entre los títulos bajo escrutinio destacan Minecraft, Candy Crush Saga, Valorant y Call of Duty Mobile, así como otros como Diablo Immortal, Hunt: Showdown 1896, Forge of Empires, Mech Arena, Gardenscapes, Clash of Clans y For Honor. Las empresas involucradas incluyen a Activision Blizzard UK, Crytek, InnoGames, King.com, Mojang, Plarium Europe, PLR Worldwide Sales, Riot Games, Supercell y Ubisoft EMEA.

Foco en transparencia y protección al consumidor

El núcleo de la investigación es la conversión de dinero real a monedas virtuales, que luego se utilizan para adquirir artículos digitales dentro de los juegos. Las autoridades europeas exigen que el costo real de estos activos se muestre de manera clara y destacada, evitando que los usuarios paguen sin ser plenamente conscientes del valor en moneda convencional.

Además, se cuestionan sistemas que mezclan varias divisas virtuales o exigen conversiones repetidas antes de completar una compra, lo que puede ocultar el costo real. También se analizan prácticas como los paquetes de monedas que dejan saldos atrapados, insuficientes para comprar otros productos pero demasiado pequeños para ser útiles, lo que incentiva nuevas compras.

Los principios europeos, publicados en marzo de 2025, establecen que los jugadores tienen derecho a desistir de las compras de moneda virtual en un plazo de 14 días, incluso si no la han gastado. También se consideran problemáticas las cláusulas que permiten a las empresas modificar unilateralmente el valor de la moneda del juego o cerrar cuentas sin ofrecer un mecanismo claro de reclamo.

Protección a menores y prácticas abusivas

La CPC presta especial atención a las loot boxes (cajas de botín) y otros sistemas de recompensas aleatorias, especialmente cuando pueden ser accedidos por menores de edad. También se examinan los llamados patrones oscuros, tácticas comerciales agresivas y exhortaciones directas a niños para que realicen compras, prácticas ya prohibidas por la legislación de la Unión Europea.

Entre las técnicas bajo escrutinio figuran temporizadores de cuenta regresiva engañosos y afirmaciones de escasez sin fundamento, que pueden presionar a los usuarios, en particular a los más jóvenes, para que actúen rápidamente. La red considera vulnerables a los niños y advierte que cualquier juego no dirigido exclusivamente a adultos puede tener una proporción significativa de usuarios menores de 18 años.

Asimismo, se analiza el diseño potencialmente adictivo de algunos juegos, los controles parentales predeterminados y el bloqueo de cuentas, especialmente en el caso de Activision Blizzard. Aunque los esquemas de autorregulación, como PEGI, han contribuido a algunas mejoras, la CPC señala que a menudo no resuelven el núcleo de las prácticas consideradas perjudiciales.

La Comisión Europea y los organismos de consumo ya habían mantenido un diálogo con la industria, celebrando talleres en junio y septiembre de 2025. Tras estas conversaciones y la difusión de la guía, la red encontró indicios de que muchas empresas no habían introducido cambios sustanciales en sus juegos, a pesar de años de intercambios sobre estas prácticas.