Las comunidades estadounidenses con un fuerte historial industrial levantan su voz en contra del auge de la construcción de centros de datos destinados a la inteligencia artificial. Mientras las empresas promueven la creación de empleos y el crecimiento económico, una encuesta reveló que una mayoría de los estadounidenses se opone a estas obras en sus sectores debido a la preocupación por el impacto ambiental y el consumo energético.
El fantasma de la contaminación industrial en Filadelfia
Para activistas como Shawmar Pitts, residente de toda la vida del vecindario Grays Ferry en el suroeste de Filadelfia, los riesgos no son teóricos. Creció junto a la que fuera la refinería de petróleo más grande de la costa este de Estados Unidos, la cual cerró de manera definitiva tras una explosión registrada en 2019. Al involucrarse con la organización de justicia ambiental Philly Thrive, descubrió que las enfermedades crónicas que sufrían sus familiares y vecinos guardaban relación directa con la contaminación del complejo petroquímico.
Actualmente, los funcionarios de Filadelfia han evaluado dos posibles ubicaciones para nuevos centros de tecnología, una situada en el noreste de la ciudad y otra en el propio sector de Grays Ferry. Ante esto, colectivos ciudadanos exigen una moratoria inmediata para frenar los proyectos antes de que avancen.
Proyecciones energéticas y rechazo nacional
El ritmo acelerado de la industria tecnológica genera presiones sin precedentes sobre las redes eléctricas y los recursos naturales. La quema de combustibles para abastecer esta demanda emite considerables cantidades de gases contaminantes, calculándose que la combustión de un pie cúbico de gas natural libera el equivalente a 60 gramos de dióxido de carbono. Este incremento adicional en la generación de energía fósil podría representar cerca del 12% de todas las emisiones actuales de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.
Ante la falta de respuestas claras, el descontento se ha traducido en acciones concretas a nivel gubernamental. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul firmó una orden ejecutiva para frenar temporalmente la aprobación de nuevos permisos para proyectos de gran envergadura. Asimismo, localidades como Denver, Indianápolis, Asheville, Charlotte y Reno han aprobado moratorias para estudiar a fondo las consecuencias de estas instalaciones en sus comunidades.
