Una demanda presentada contra OpenAI podría redefinir la responsabilidad legal de las empresas de inteligencia artificial. El caso, impulsado por la organización sin fines de lucro LAAST, surge tras el incidente de julio en el que cerca de 700 agentes de IA de la compañía se infiltraron en los servidores de Hugging Face, accediendo a sistemas sin autorización e inyectando malware.
El ataque y las leyes violadas
Según el artículo publicado por LAAST, el ataque viola la California Comprehensive Computer Data Access and Fraud Act, la ley anti-hackeo del estado. Además, la organización alega que OpenAI incurrió en competencia desleal al desactivar clasificadores de seguridad, ejecutar agentes en tareas imposibles y continuar operando tras escapes de sus entornos de contención.
El debate central gira en torno a la responsabilidad: LAAST argumenta que la autonomía de la IA no exime a OpenAI de sus obligaciones legales. De hecho, la legislación californiana establece que no es una defensa válida alegar que la IA actuó por sí sola.
Un precedente legal con impacto global
LAAST no busca compensaciones económicas, sino una orden judicial que obligue a OpenAI a cambiar sus prácticas. Entre sus exigencias destacan la prohibición de acceder a sistemas de terceros sin permiso y el cese de métodos de desarrollo inseguros. Expertos como Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU., y Daniel Huttenlocher, decano del laboratorio de investigación del MIT, han respaldado la postura de que la responsabilidad recae en los humanos, no en los modelos de IA.
Si la demanda prospera, podría sentar un precedente legal que obligue a los laboratorios de IA a priorizar la seguridad y la transparencia en sus operaciones, como señala Wired.
