Tras los terremotos registrados el 24 de junio, ciudadanos, voluntarios y organizaciones de rescate han cuestionado con dureza la actuación de cuerpos policiales y militares en las zonas afectadas, especialmente en La Guaira y Caracas, por denuncias de hurto, inacción y obstáculos a la asistencia humanitaria.
Las irregularidades van desde la presunta apropiación de dinero y pertenencias halladas entre los escombros hasta el amedrentamiento a comunicadores y la interrupción de tareas de salvamento. En varios casos, los propios vecinos confrontaron a los uniformados en plena emergencia.
Denuncias por dinero y pertenencias halladas entre escombros
El 30 de junio, usuarios en redes sociales denunciaron que un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) presuntamente sustrajo dólares en efectivo localizados entre los escombros de las residencias Vallarta de Playa Grande, en el estado La Guaira.
En un video se observa al efectivo con el logo de la institución sosteniendo los billetes, mientras vecinos lo enfrentan y rompen varias piezas de 100 dólares para impedir que se las llevara bajo el argumento de que constituían una “evidencia”.
Ese mismo día, Douglas Rico publicó un comunicado en sus redes sociales en el que constató que un grupo de funcionarios se apropió de valores económicos hallados entre los escombros en La Guaira. La institución ordenó la separación definitiva de sus cargos y el inicio de una averiguación disciplinaria para la destitución de los involucrados.
Además, la División de Investigaciones de Delitos en la Función Pública detuvo a Maya Aguilar Reyes, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andrés Omaña y Josue Jhonatan Burgos Sánchez, quienes quedaron a la orden de la Fiscalía 68 Nacional con Competencia en Materia de Delitos Contra la Corrupción del Ministerio Público.
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Previamente, el 27 de junio, otro video mostró a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando localizaban dólares en efectivo entre los escombros de la zona de desastre en La Guaira. Civiles presentes en el lugar los obligaron a romper los billetes para evitar que se los apropiaran, mientras los increpaban con calificativos como “lambucios” y “muertos de hambre”.
El 29 de junio también circularon imágenes de efectivos militares extrayendo electrodomésticos de uno de los edificios colapsados en el estado La Guaira. Quien grabó el hecho lo describió como “la desgracia humana”.
Ese mismo día, la madre de un joven de 17 años que seguía bajo los escombros de la OPP-25 de Tanaguarena denunció que policías y guardias se habrían prestado para robar las pertenencias de las familias afectadas. “Pensábamos que nos venían a ayudar y lo que han hecho es el vandalismo en nuestras comunidades”, dijo.
Rescatistas y periodistas denuncian hostigamiento en plena emergencia
El 29 de junio, Francisco Lermanda, representante de la organización de rescatistas Topos de Chile, denunció que militares venezolanos hostigaron a su personal dentro de la zona de desastre e interrumpieron las tareas de salvamento para exigir de manera reiterada sus documentos de identidad por sospechas de presunto espionaje.
En una entrevista televisiva, relató que un funcionario armado ingresó al sector de los edificios colapsados donde trabajaban dentro de los túneles y alegó que tenían órdenes de chequearlos cada cierto tiempo porque podían ser “espías de los yanquis, espías de EE. UU., espías de Chile”.
La misma jornada, la publicación de un video en las redes sociales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desató críticas porque mostraba a efectivos militares en supuestas labores de rescate, mientras usuarios señalaban que solo movían tierra y piedras sin un propósito real de búsqueda. Luego, la FANB eliminó el material de sus redes.
En otro episodio, difundido el 28 de junio en Caraballeda, decenas de personas que participaban en los trabajos de socorro confrontaron a un grupo de militares dedicados exclusivamente a la vigilancia. Un voluntario, con mascarilla y linterna en la frente, les reclamó por su actitud en la zona del desastre.
El 26 de junio, además, el comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Robinson Navarro, amenazó con detener al locutor Gabriel Tinoco mientras este transmitía en vivo por Instagram desde un edificio derrumbado en Caracas. El funcionario le ordenó retirarse del lugar o lo llevaría a la sede del organismo de inteligencia, e intentó quitarle por la fuerza el teléfono celular.
El 29 de junio, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportó también la liberación del periodista Luis Hugas, del canal Venezolana de Televisión, tras permanecer retenido durante algunas horas en la sede de Polichacao. El incidente ocurrió mientras operaba un dron autorizado en las inmediaciones del edificio Obelisco de Altamira.
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