21 años sin justicia: impunidad y represión persisten y se agravan en Venezuela
El 11 de abril de 2002 quedará como uno de los días más oscuros en la historia de Venezuela. Una marcha pacífica que se dirigía hacia el Palacio de Miraflores terminó en tragedia y violencia cuando la multitud de manifestantes fue atacada con armas por un grupo de bandoleros armados en las adyacencias. De acuerdo con Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano (FPV), a más de dos décadas del hecho, cada vez hay menos claridad y no hay justicia.
La deuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los venezolanos
El director del Foro Penal ha acusado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de estar en deuda con los ciudadanos venezolanos, ya que ha pasado un periodo considerable de tiempo después de que se admitió la denuncia y aun no se ha pronunciado oficialmente para remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de la denuncia hecha en 2004 y la audiencia posterior en 2007. En ese entonces, 19 personas perdieron la vida y más de 300 quedaron heridas por disparos en la violenta manifestación, pero ningún culpable ha sido reconocido por el gobierno.
Las políticas de represión continúan
La persistente ausencia de justicia ha permitido un continuo aumento de la represión política en Venezuela. Provea, una organización no gubernamental, enfatizó la mayoría de los asesinatos de aquel día fueron a manos de policías, militares «e individuos que siguen sin justicia». Han pasado 21 años y cuestionan la implementación de políticas represivas en el país.
Violencia y represión gracias a la falta de justicia
El Foro Penal señala que esta falta de justicia dejó el camino abierto a una cadena interminable de violencia y represión. El caso del joven Jesús Espinoza, de 18 años, que fue asesinado con un disparo en la cabeza sigue impune. El director del foro penal recalca que en el 11 de abril de 2002 fue la fecha que marcó el inicio de la represión política en Venezuela que actualmente está siendo investigada por la Corte Penal Internacional (CPI).
