El Noveno Circuito frenó la suspensión del TPS para venezolanos y dejó el beneficio a un paso de volver el 6 de noviembre.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en California, abrió este viernes la vía para restablecer las protecciones del Estatus de Protección Temporal para cientos de miles de venezolanos, al rechazar una petición del Gobierno de Donald Trump para mantener suspendido el amparo mientras sigue el litigio.
La disputa por el TPS venezolano
La decisión se refiere a un fallo de un tribunal inferior en el caso National TPS Alliance contra Mullin, que concluyó que Kristi Noem, entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, excedió su autoridad al anular una extensión del TPS que ya había sido otorgada a Venezuela.
En lugar de prolongar el beneficio, que protege de la deportación y concede permisos de trabajo, Noem dio por terminada la designación del TPS para ese país suramericano.
La Alianza Nacional TPS demandó al Gobierno Trump por cerrar el programa y consiguió que un juez federal se pronunciara a favor de los inmigrantes. Después, el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema, que autorizó temporalmente la suspensión del beneficio. Esa medida expira el viernes 6 de noviembre.
Los abogados de los demandantes afirmaron en un comunicado que, si la Corte Suprema no vuelve a intervenir, cientos de miles de venezolanos a quienes se les retiró el TPS verán restablecido su estatus ese día, mientras continúa el litigio contra la anulación y terminación del beneficio.
Entre las pruebas presentadas ante el Noveno Circuito hubo testimonios de beneficiarios afectados por la terminación del amparo, incluido el de Carlos Sánchez Villa, quien fue deportado a Liberia tras perder el beneficio. “Fue como algo sacado de una película de terror; pero, lamentablemente, para mí fue real”, dijo en su declaración.
José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, afirmó que la decisión “renueva nuestras fuerzas para luchar por los derechos conquistados por generaciones anteriores de inmigrantes: poder vivir y trabajar sin miedo en el lugar al que llamamos hogar”. Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector en el Centro Miñana, dijo que esperan que la Administración “reconozca su error” y, de no hacerlo, que la Corte Suprema “defienda el estado de derecho manteniendo intacta” la decisión del tribunal de distrito.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
