A casi 22 años de su detención, los excomisarios Rolando, Otoniel y Juan Bautista Guevara siguen presos mientras su defensa insiste en que el sistema judicial venezolano mantiene sin ejecutar una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dispuso su liberación inmediata.
El 28 de octubre, la abogada Jackeline Sandoval de Guevara presentó un nuevo escrito ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Función de Ejecución de Caracas para exigir las evaluaciones psicosociales necesarias para la libertad condicional. Según relató, los tres permanecen 23 horas al día en celdas del penal de El Rodeo I, en el estado Miranda.
La orden internacional y la respuesta interna
La Corte IDH declaró el 19 de enero de 2026 al Estado venezolano responsable por violaciones de derechos humanos contra los hermanos Guevara, anuló el juicio en su contra y ordenó liberarlos e indemnizarlos de inmediato. La defensa también recordó que en marzo de 2021 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU pidió su excarcelación y que en agosto de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó el caso al tribunal internacional.
Sandoval sostuvo que han consignado peticiones ante distintos organismos sin obtener respuesta. También dijo que, en una conversación con el diputado Jorge Arreaza, este afirmó que Venezuela no tenía por qué ejecutar la sentencia porque ya no forma parte del sistema interamericano; la abogada replicó que, para la fecha de los hechos, el país sí integraba ese sistema y por eso seguía obligado.
Más allá de la decisión internacional, la defensa insiste en que el propio cómputo de pena confirma que los tres superaron con creces los lapsos previstos para acceder a fórmulas alternativas antes de que la condena expire el 27 de agosto de 2032. Rolando y Otoniel Guevara fueron condenados el 20 de diciembre de 2005 a 27 años y 9 meses por homicidio calificado y agavillamiento, mientras que Juan Bautista recibió 30 años tras sumarse el porte ilícito de arma de guerra.
Traslados, aislamiento y salud deteriorada
La defensa asegura que los tribunales de ejecución rechazaron desde hace años las solicitudes de destacamento de trabajo y de régimen abierto, mientras mantienen pendiente la petición de libertad condicional introducida el 27 de mayo de 2023, luego de que cumplieran 18 años y 6 meses de prisión.
La situación empeoró el 1 de agosto de 2025, cuando los tres fueron sacados de El Helicoide sin aviso a sus abogados ni a sus familiares. Pasaron 70 días en condición de desaparición forzada hasta que se confirmó su traslado a El Rodeo I.
Sandoval describió que hoy están prácticamente incomunicados y que solo reciben visita los sábados, por 20 minutos, detrás de un acrílico y con custodia a ambos lados. También dijo que los traslados médicos no han sido autorizados con la frecuencia necesaria y que la salud de Rolando Guevara es la más comprometida por una obstrucción en una arteria coronaria, hipertensión arterial crónica y una hernia discal.
Otoniel presenta gastritis y signos de hipertensión, mientras que Juan Bautista sufre afecciones digestivas recurrentes. La abogada atribuyó esas dolencias a la insalubridad del recinto, donde —según afirmó— duermen, comen y hacen sus necesidades en el mismo espacio.
Un proceso marcado por torturas y fractura familiar
La causa contra los hermanos comenzó tras el asesinato del fiscal Danilo Anderson en noviembre de 2004. En los días posteriores al atentado, fueron detenidos por fuerzas de seguridad y, según la defensa, pasaron varios días desaparecidos bajo torturas antes de que se formalizara su captura.
Sandoval aseguró además que el caso fue presentado durante años ante instancias nacionales e internacionales sin que prosperaran las gestiones para su excarcelación. También afirmó que los hermanos quedaron excluidos de listas de indultos o liberaciones y que fueron vetados con nombre propio por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello durante los debates de la Ley de Amnistía en 2016, bajo señalamientos de terrorismo.
La abogada cerró con una descripción del impacto familiar de más de dos décadas de reclusión: cuando fueron detenidos, todos sus hijos eran menores de edad. Desde entonces, dijo, la migración dividió a la familia y gran parte de la vida cotidiana quedó reducida a fotografías llevadas a las visitas.
«De tener en mi caso dos entradas económicas solo quedaba una; de ser fiscal del Ministerio Público tuve que ejercer libremente mi profesión», afirmó Sandoval, al resumir el costo personal de un expediente que sigue sin cerrarse en los tribunales venezolanos.
