Este lunes comienza en Rosario un juicio oral por el bloqueo que sufrió la empresa Razzini en 2020, una causa que quedó paralizada durante años y que ahora llega a debate contra cuatro acusados del Sindicato de Camioneros de Santa Fe.
La causa vuelve a tribunal tras años de demora
Las audiencias se extenderán hasta el jueves y estarán presididas por el tribunal integrado por Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre. En el proceso se juzga a los acusados por el delito de desbaratamiento de empresa, penado con prisión de dos a seis años.
La primera testigo será Verónica Razzini, una de las dueñas de la distribuidora fundada por su abuelo en Rosario hace 60 años. La empresaria dijo que revivir los hechos será “durísimo”, pero sostuvo que espera obtener justicia.
Según su relato, el bloqueo comenzó el 8 de junio de 2020 y se extendió por 90 días. Durante ese tiempo, afirmó que recibió amenazas diarias, insultos, escupitajos e intimidaciones con armas de fuego, y que incluso tuvo que mudarse para evitar agresiones. También señaló que contrató efectivos de Infantería para resguardar a sus empleados.
Testigos, videos y un conflicto por la afiliación sindical
Razzini aseguró que el cronograma de audiencias podría quedar corto por la cantidad de testigos y de pruebas incorporadas a la causa. Entre los testimonios previstos figuran la escribana que acreditó el bloqueo en ese momento, empleados de la empresa y un cliente que fue increpado cuando quiso retirar mercadería.
El origen del conflicto fue la exigencia de que 18 de los 100 empleados se afiliaran al sindicato, aunque la actividad de la empresa no tenía relación con el transporte de cargas. La compañía denunció judicialmente el bloqueo y logró que la Justicia detuviera e imputara a 10 empleados y 3 delegados sindicales por impedir el acceso a sus sedes y amenazar a sus directivos.
La legisladora también recordó que en julio de 2022 la fachada de la empresa recibió tres disparos y que dejaron un mensaje intimidatorio en la puerta. Además, señaló que el principal acusado, Marcelo Ortiz, habría muerto a principios de año, aunque el fiscal pidió un certificado o acta de defunción para acreditarlo.
Razzini dijo que el expediente estuvo trabado durante años y cerca de prescribir hasta que el fiscal Germán Mazzoni impulsó su reactivación. Sostuvo que el juicio es un paso necesario para que la ley actúe como corresponde y para que otros empresarios no atraviesen situaciones similares.
Un caso que volvió al centro del debate
Tras la protesta de 2020, Razzini impulsó junto con Florencia Arietto el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo, desde el que asistieron a pymes afectadas por medidas sindicales. Más tarde, su actividad política la llevó al Congreso.
En paralelo al juicio, la empresaria también busca reflotar en la Cámara de Diputados un proyecto para tipificar los bloqueos sindicales como delito penal. La iniciativa plantea penas de 6 meses a 3 años y 6 meses de prisión para los bloqueos directos y suma una responsabilidad específica para quienes dirijan esas acciones.
En Rosario, sin embargo, el foco inmediato está en el debate oral que arranca este lunes y en una causa que, después de años de demora, intenta avanzar sobre uno de los bloqueos sindicales más resonantes de los últimos años.
