Claves
- —En el campamento Sonrisa Grande permanecen 64 familias, cuatro meses después del doble sismo.
- —La vocera Norkis Arzola pide evaluaciones técnicas para decidir qué viviendas pueden repararse, demolerse o reubicarse.
- —La comunidad dice que sigue entre carpas, etiquetas rojas y amarillas, mientras algunas familias regresan a casas aún marcadas como riesgosas.
La Guaira. Cuatro meses después del doble sismo, el campamento Sonrisa Grande sigue ocupado por 64 familias que viven entre carpas, colchones y telas improvisadas en la calle 2 de Playa Grande, desde la bajada de Santa Rita. Lo que debía ser una solución temporal se volvió un refugio prolongado, con baños improvisados y espacios separados apenas por sábanas.
Norkis Arzola, vocera de la comunidad e integrante de la contraloría social, resume el problema en una frase: todavía no saben dónde vivirán. Dice que algunas familias conservan sus casas, pero siguen sin una evaluación definitiva que determine si es seguro regresar, mientras otras ven sus viviendas amenazadas por estructuras vecinas que no han sido demolidas.
Entre carpas, ventas y trabajos improvisados
En medio del campamento, algunos vecinos montaron una pequeña venta de chucherías y otros preparan desayunos y almuerzos en hornillas colocadas al ras del suelo. La actividad sirve para conseguir ingresos mientras esperan una respuesta sobre sus viviendas.
Entre quienes sostienen esa vida provisional está Mary, que ofrece servicios de peluquería, manicura y pedicura. Tiene discapacidad auditiva y del habla, y se ha convertido en una de las personas más solicitadas por los habitantes de la comunidad. Tras el desastre, logró reponer parte de sus insumos y empezó a trabajar en el refugio, aunque todavía necesita una mesa adecuada y otros implementos.
Arzola insiste en que esos emprendimientos no pueden confundirse con una solución. Dice que se mantienen con recursos propios y con colaboración comunitaria, incluida la búsqueda de agua y la instalación de toldos. Trabajar, afirma la vocera, apenas permite comprar comida o recuperar alguna herramienta; no resuelve dónde dormir cuando llueve ni cuánto tiempo más deberán permanecer allí.
Viviendas marcadas, etiquetas sin respuesta y familias que vuelven
Al salir del campamento, el recorrido muestra casas afectadas, escombros y estructuras que amenazan con caer sobre otras propiedades. Arzola señala que el daño no siempre se ve desde la fachada: a veces está al lado, en una pared resquebrajada o en un piso desplomado sobre la vivienda vecina.
La vocera dice que una de esas viviendas compromete a cuatro familias y que en otros casos permanecen en el lugar adultos mayores y una mujer en silla de ruedas, para quienes el refugio resulta especialmente difícil por temas de salud. Por eso, la comunidad pide ingenieros y especialistas en patología de estructuras que definan qué casas pueden ser rescatadas, cuáles deben demolerse y qué trabajos permitirían recuperar las comprometidas por daños vecinos.
También denuncia indicaciones contradictorias sobre algunas viviendas y etiquetas sin los códigos QR que los afectados esperan para avanzar en sus trámites. Mientras tanto, hay familias que regresan por cansancio, por enfermedades o porque no encuentran otra alternativa. Las etiquetas rojas siguen en las paredes, pero algunos habitantes vuelven a dormir dentro.
La comunidad reclama una decisión sobre cada caso
Arzola relata que en una de las casas afectadas murió su hermana y también un sobrino. Dice que su madre compró y construyó allí, y que otras familias suman más de treinta años tratando de tener una vivienda digna. Para ella, salir del lugar no significa solo dejar una propiedad: también implica apartarse de vecinos, familiares y un entorno construido durante años.
La vocera sostiene que no todos quieren quedarse. Algunos aceptan ir a otros refugios; otros se niegan a vivir arrimados o a trasladarse sin una solución mejor. Tampoco todos tienen recursos para reparar por su cuenta, por lo que la comunidad insiste en que cada caso debe revisarse de forma individual. Sin una evaluación, dice, las familias no saben si esperan una reparación, una demolición o una reubicación.
Cuando habla de las autoridades, Arzola reclama que solo reciben censos y reuniones, pero no una respuesta que cambie las condiciones del campamento. Afirma además que la sala situacional a la que deben acudir permanece cerrada y no canaliza sus solicitudes. Por eso insiste en que lo que piden no es un favor, sino una definición concreta sobre sus viviendas y su futuro inmediato.
Al final del recorrido, resume su angustia con una frase: “Soy valiente hasta que llegan las seis de la tarde”. La oscuridad y la posibilidad de otra lluvia, dice, alteran la firmeza con la que exige respuestas durante el día. En Sonrisa Grande, cuatro meses después del doble sismo, la espera sigue abierta.
