Rocío San Miguel aseguró que la sentencia absolutoria dictada en su favor ratifica el derecho de los civiles a exigir transparencia a las Fuerzas Armadas. La defensora de derechos humanos relató además las detenciones, el encierro y las irregularidades que, según dijo, marcaron su proceso.
Su absolución y el caso
San Miguel explicó que fue declarada absuelta en el juicio por una supuesta conspiración para asesinar a Nicolás Maduro, dentro del llamado caso Brazalete Blanco. El proceso comenzó en agosto pasado, después de que había sido excarcelada y enviada a España junto con otros presos políticos liberados.
La abogada y experta en seguridad y defensa dijo que durante el proceso criminalizaron sus análisis sobre control civil de las Fuerzas Armadas, así como mapas de zonas de seguridad que, afirmó, eran públicos. También señaló que anotaciones tomadas en allanamientos a su casa fueron analizadas por peritos y presentadas como “pruebas de interés criminalístico”.
Dolor físico y aislamiento
San Miguel contó que pasó ocho meses soportando el dolor por una fractura en el hombro sin recibir atención médica y que tardó un año y diez meses en poder hacer su primera llamada telefónica. También relató que se cayó en El Helicoide por la laberintitis que padece, agravada por el estrés y el encierro.
“De los dos años presa, estuve sin dolor solo seis meses”, dijo. Añadió que tardaron cuatro meses en hacerle una radiografía para confirmar la fractura y otros cuatro meses más en operarla por primera vez.
Violaciones al debido proceso
La defensora sostuvo que en su caso hubo desaparición, detención arbitraria, ausencia de abogado de confianza y otras violaciones al debido proceso. “Los organismos de inteligencia en Venezuela no pueden seguir teniendo calabozos, como pasa en la DGCIM. Eso tiene que terminar en Venezuela”, afirmó.
También dijo que 15 personas fueron detenidas arbitrariamente dentro del mismo expediente y que algunas fueron torturadas. Mencionó preocupación por la salud de Ángelo Heredia, sentenciado a 18 años, y citó el caso de Ronald Ferrer, a quien describió como un exsoldado involucrado injustamente.
