José Enrique Rincón volvió a Venezuela en junio para reclamar la empresa que, según The Wall Street Journal, le arrebataron por un valor de 700 millones de dólares, pero terminó detenido poco después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional La Chinita, cerca de Maracaibo.
El empresario, de 62 años, viajó desde Panamá con la idea de enfrentar el proceso y recuperar el control de su grupo, en medio de una nueva etapa de presión sobre el sector camaronero y de la toma de activos vinculados a su conglomerado.
Detención y reclamo de inocencia
De acuerdo con el reportaje, Rincón permanece en una celda de 2,7 por 1,8 metros en la prisión Rodeo I. Su familia afirma que ha perdido 11 kilos y que padece problemas cardíacos sin tratamiento.
Sus allegados sostienen que el gobierno “fabricó” cargos de traición y terrorismo para justificar la toma del Grupo Lamar a finales de 2024. Mariana Rincón, su hermana y la única familiar que puede visitarlo, describió el caso como “una larga película de terror”.
Rincón, según el medio, declaró ante un tribunal antiterrorista que regresó porque era “la única manera de demostrar” su “inocencia y salvar el honor” de la familia. Su abogado agregó que la fiscalía no ha entregado documentos con los cargos ni con las pruebas.
Un negocio desmantelado y en manos extranjeras
Mientras Rincón sigue preso, el gobierno de Caracas, respaldado por Estados Unidos, desmantela el Grupo Lamar y permite que inversionistas extranjeros administren partes del conglomerado. El reportaje señala que la empresa está dirigida actualmente por la compañía turca Miller Holding.
La nota añade que la producción de camarón del país ha caído más del 90% desde 2024, que cerca de 9.000 trabajadores perdieron su empleo y que más de 100 familiares y socios de Rincón huyeron. En 2022, Lamar exportaba a Europa unos 200 millones de dólares al año y era el principal empleador del estado Zulia, con una plantilla mayoritariamente wayuu.
La suerte del empresario cambió en noviembre de 2024, cuando Diosdado Cabello lo acusó de financiar a la oposición y conspirar contra el gobierno, sin presentar pruebas, según el texto publicado por The Wall Street Journal. Las fuerzas de seguridad tomaron oficinas, plantas y tierras sin órdenes judiciales, de acuerdo con esa reconstrucción.
Rincón comenzó en 1988 vendiendo cangrejo azul del lago de Maracaibo y luego amplió su negocio al cultivo de camarones, supermercados y procesamiento de reciclables. Su hijo, Juan Diego Rincón, afirmó desde Panamá que “lo destruyeron todo” y que la persecución continúa.
En paralelo, su hermana le lleva comida y medicinas cada semana, mientras las organizaciones de derechos humanos, desbordadas por las denuncias, lo colocaron en lista de espera con el número 1.601.
