La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tribunal internacional que conoce casos de violaciones de derechos humanos en la región, celebró en San José, Costa Rica, una audiencia sobre las muertes y heridas causadas por disparos durante la marcha del 11 de abril de 2002 en Caracas. El caso, denominado Trujillo y otros Vs. Venezuela, aborda la responsabilidad del Estado y la falta de esclarecimiento de los hechos.
La periodista Delvalle Canelón declaró que vio desde una azotea a hombres armados vestidos de civil disparar contra una multitud que avanzaba por la avenida Baralt. En otra audiencia relató que Henry Atencio la amenazó en un baño y que Richard Peñalver esperaba afuera. Según su testimonio, le advirtieron que tuviera cuidado con lo que iba a declarar. Canelón dijo que volvió a encontrarse con ellos en Caracas y que, hace alrededor de un año y medio, uno hizo con la mano el gesto de apuntarle con una pistola.
Atencio y Peñalver fueron dos de los cuatro hombres identificados en videos y fotografías. Los imputaron por intimidación y uso indebido de armas de fuego, pero fueron absueltos. La jornada dejó 19 muertos y decenas de heridos de bala. La marcha se dirigía al centro desde el este de la capital, en medio de la crisis política que precedió al golpe de Estado contra Hugo Chávez. Chávez recuperó el poder dos días después.
Las denuncias ante el tribunal
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió el caso a la Corte el 9 de julio de 2024. Concluyó que el Estado venezolano vulneró derechos a la vida, la integridad personal, la reunión y la protección judicial, entre otras garantías. También sostuvo que el Estado no demostró que el uso de fuerza letal fuera legítimo, necesario y proporcionado, y que las investigaciones no permitieron esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables.
