Política

Figuera: la negociación no destraba las garantías políticas

La delegación opositora señala que las inhabilitaciones y las restricciones a los partidos siguen sin solución en el diálogo, cuyo tercer ciclo debía cerrar este miércoles.

Autor · Política Nacional

Eduardo F.P.

Periodista de Panorama enfocado en política nacional, procesos electorales y decisiones del Ejecutivo.

297 artículos publicados

Figuera: la negociación no destraba las garantías políticas

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el proceso de negociación, afirmó que la mesa sobre garantías políticas ha sido la más difícil de las conversaciones. Allí se discuten las inhabilitaciones de dirigentes, entre ellas la de María Corina Machado, y la intervención judicial de partidos políticos.

La oposición plantea reformas a leyes y garantías

En una entrevista con El Nacional, Figuera dijo que la delegación busca derogar la Ley contra el Odio y modificar normativas que calificó de homofóbicas. También pidió limitar la discrecionalidad de autoridades y jueces para imponer medidas punitivas o restrictivas.

El tercer ciclo de conversaciones debía culminar la tarde del miércoles 21 de octubre de 2026. Según lo reportado sobre las dos etapas anteriores, las partes firmaron acuerdos que incluyen compromisos para transformar el sistema de justicia y renovar el Tribunal Supremo de Justicia.

El material sobre la negociación no detalla qué avances concretos hubo en la mesa de garantías ni qué medidas permitirían ejecutar las reformas planteadas. Figuera describió ese espacio como el más complejo del proceso.

Figuera afirma que las sanciones limitan los acuerdos

La dirigente opositora sostuvo que una dificultad es que representantes del oficialismo plantean exigencias relacionadas con sanciones que su delegación no puede levantar. Las medidas fueron impuestas por Estados Unidos contra funcionarios e instituciones venezolanas.

Al inicio de este ciclo, Estados Unidos retiró las sanciones contra Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista, según el contenido difundido. Ese anuncio no modifica por sí mismo el estatus de las inhabilitaciones que están en discusión.

La agenda general del mecanismo incluye atención al doble terremoto ocurrido el 24 de junio, fortalecimiento de la democracia y garantías políticas. Entre las acciones descritas figuran renovar el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral con miras a elecciones.

El debate sobre las inhabilitaciones tiene como caso central a Machado: mientras se mantenga la medida en su contra, no podrá competir en los comicios presidenciales, según el contenido reportado. La dirigente, instalada en Panamá, ha dicho que intentó regresar a Venezuela siete veces y que no le permitieron ingresar.

Delcy Rodríguez ha afirmado que Machado tendría que responder ante la justicia si aterriza en Caracas, por su supuesto apoyo a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas especiales de Estados Unidos. El oficialismo niega que obstaculice el regreso de Machado.

Contenido redactado con asistencia de un LLM.

Preguntas frecuentes

¿Qué se informó sobre Dinorah Figuera?

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en el proceso de negociación, afirmó que la mesa sobre garantías políticas ha sido la más difícil de las conversaciones. Allí se discuten las inhabilitaciones de dirigentes, entre ellas la de María Corina Machado, y la intervención judicial de partidos políticos.

¿Qué se sabe sobre «La oposición plantea reformas a leyes y garantías»?

En una entrevista con El Nacional, Figuera dijo que la delegación busca derogar la Ley contra el Odio y modificar normativas que calificó de homofóbicas. También pidió limitar la discrecionalidad de autoridades y jueces para imponer medidas punitivas o restrictivas.

¿Qué se sabe sobre «Figuera afirma que las sanciones limitan los acuerdos»?

La dirigente opositora sostuvo que una dificultad es que representantes del oficialismo plantean exigencias relacionadas con sanciones que su delegación no puede levantar. Las medidas fueron impuestas por Estados Unidos contra funcionarios e instituciones venezolanas.

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