ONG denuncian que la reforma del odio conserva sanciones

Acceso a la Justicia, Foro Penal y Espacio Público exigieron derogar la Ley Contra el Odio tras cuestionar que la reforma parcial planteada por Delcy Rodríguez mantenga multas, sanciones y prohibiciones. Según el contenido descrito por las organizaciones, las multas pueden alcanzar 10.000 veces el valor de la moneda de mayor valor.

Las ONG cuestionan las multas y el alcance de la norma

Acceso a la Justicia sostuvo que la continuidad de las sanciones confirma, a su juicio, la posibilidad de procesos arbitrarios. La organización afirmó que la ley ha sido utilizada para perseguir y encarcelar a la disidencia, y pidió su eliminación.

Foro Penal documenta 927 casos de personas detenidas en Venezuela por el delito de instigación al odio. Gonzalo Himiob, director de la ONG, señaló que sustituir una pena corporal por otra no corporal no elimina el carácter punitivo de la ley.

Espacio Público advierte que siguen vigentes mecanismos de censura

Espacio Público afirmó que la reforma elimina la cárcel, pero mantiene la censura. También cuestionó que el Ministerio de Relaciones Interiores, a cargo de Diosdado Cabello, sea responsable de imponer las multas.

La organización denunció que las plataformas y los medios seguirían obligados a retirar contenidos de inmediato, sin orden judicial. Añadió que el Estado podría ordenar la difusión de mensajes y que esa obligación alcanzaría a prestadores de servicios de comunicación.

Espacio Público advirtió además que el artículo 26 mantiene abierta la vía penal y que el delito de instigación al odio, contemplado en el artículo 285 del Código Penal, sigue vigente.

Mariano de Alba, experto en Derecho Internacional, sostuvo que varias disposiciones continúan siendo incompatibles con la libertad de expresión. También cuestionó que las infracciones por hostigamiento, mensaje discriminatorio y mensaje de violencia sean difusas y no excluyan expresamente las opiniones políticas ni la labor periodística.