Familiares de dos oficiales del Ejército y seis agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, detenidos desde el pasado 21 de enero en Caracas, denunciaron este martes que sus seres queridos enfrentan graves torturas físicas y psicológicas en el marco de las investigaciones por la captura de Nicolás Maduro.
Irregularidades procesales y aislamiento
Yury Burgos, esposa del teniente coronel Manuel Oria Arteaga —quien se desempeñaba como jefe del centro general de comunicaciones del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada—, manifestó que las detenciones carecen de sustento legal válido. «Sabemos exactamente quiénes fueron los que ejecutaron la extracción de Nicolás Maduro y, sin embargo, tienen a ocho personas detenidas», declaró durante una manifestación en Caracas donde familiares recorren diversas instituciones para exigir justicia.
Burgos explicó que a su esposo se le acusa formalmente de conspiración y traición a la patria bajo el argumento de haber solicitado supuestas coordenadas en el ejercicio de sus funciones regulares. Asimismo, denunció que «el acta policial está totalmente viciada» y que el expediente permanece engavetado debido a su condición de caso clasificado.
Torturas y tratos crueles bajo custodia
Durante la protesta, las esposas de los detenidos revelaron los abusos sistemáticos que habrían sufrido las víctimas en reclusión. Jeimy Guzmán relató que su pareja, el funcionario Álvaro Roger Valladares, «fue colgado con tres cadenas de aproximadamente diez centímetros cada una y sufrió torturas injustificadas».
Por su parte, Marli Morillo detalló que al comisario jubilado José Gregorio Rivas Sifuentes «lo sacaban para golpearlo, para torturarlo, supe que fue guindado y que le pusieron electricidad». A estas acusaciones se sumaron los testimonios sobre condiciones infrahumanas de reclusión, que incluyen la privación de alimentos adecuados y tratos degradantes en los centros de detención en el estado Miranda y la capital.
