La Corte recordó que la salida no será inmediata y que Venezuela seguirá obligada a cooperar durante un año con las pesquisas en curso.
La Corte Penal Internacional recordó este viernes 24 de julio que la decisión del chavismo de retirarse del tribunal no tendrá efectos inmediatos y que Venezuela seguirá vinculada al organismo durante un año, con deberes de cooperación en las investigaciones y procedimientos ya abiertos.
Desde La Haya, la corte también señaló que aún no ha recibido la notificación formal de la retirada a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, aunque subrayó que adherirse o abandonar un tratado internacional sigue siendo un derecho soberano de los Estados conforme al derecho internacional.
La retirada solo surtirá efecto un año después
El tribunal recordó que, de acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma, la salida solo entra en vigor un año después de que la notificación sea depositada ante Naciones Unidas.
Además, precisó que esa decisión no afecta las obligaciones de cooperación ya existentes por investigaciones o procedimientos penales iniciados antes de que la retirada se haga efectiva.
La investigación sobre Venezuela sigue activa
La CPI expresó su pesar por cualquier decisión de abandonar el esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves.
La investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, abierta en 2018 tras una remisión de varios Estados, permanece activa. Aunque la Fiscalía cerró en diciembre pasado su oficina técnica en Caracas por la falta de progreso real en materia de complementariedad, dejó claro que los investigadores en La Haya continuarán con las pesquisas.
En 2023, la Corte rechazó los intentos del chavismo de frenar la investigación al considerar insuficientes las actuaciones de la justicia nacional y autorizó a la Fiscalía a reanudar plenamente las pesquisas sobre los presuntos crímenes cometidos desde 2017.
La reacción se produjo después de que el chavismo anunciara una decisión firme e irrevocable de renunciar al Estatuto de Roma, al sostener que la CPI actúa con un sesgo que concentra su labor de forma desproporcionada en países africanos y latinoamericanos. La comunicación, según Caracas, fue enviada por instrucciones de Delcy Rodríguez al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.
