La Procuraduría General de Colombia abrió una investigación disciplinaria contra siete embajadores de la administración de Gustavo Petro por presunta participación en política electoral y apoyo a candidatos presidenciales a través de redes sociales.
Diplomáticos bajo indagación
El procurador delegado para el caso, José Rodrigo Vargas del Campo, indicó que la fecha exacta de los hechos todavía debe precisarse en el expediente, aunque el auto de apertura ya formaliza la recolección de pruebas y habilita a los funcionarios señalados a rendir sus versiones libres institucionales.
Entre los investigados figuran Luis Ernesto Vargas, ante los organismos de la OEA; Milton Rengifo, en Venezuela; José Roberto Acosta, en Argentina; Luis Fernando Medina, ante la OCDE; Jhenifer Mojica, en la FAO; Daniel Ernesto Prada, en Bélgica, y Elizabeth García, en Bolivia.
Uso de redes sociales
De acuerdo con el organismo de control, los jefes de misión habrían utilizado cuentas institucionales y personales en plataformas como X e Instagram para difundir propaganda electoral, hacer proselitismo político y expresar respaldo público a aspirantes a la presidencia de la República.
En el caso de Luis Ernesto Vargas, las alertas surgieron por la réplica y difusión de mensajes en contra de la postulación de Abelardo de la Espriella, aspirante de sectores de derecha.
Contexto de las pesquisas
La investigación contra los siete diplomáticos se da en medio de otro grupo de expedientes abiertos en la Procuraduría contra integrantes del gabinete de Petro. Según el texto del caso, seis de los 19 ministros del Ejecutivo nacional están bajo escrutinio dentro de un total de 142 servidores públicos investigados por supuestas faltas relacionadas con comicios pasados.
Entre los ministros mencionados en esas pesquisas aparecen Antonio Sanguino, titular de Trabajo, y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.
Las indagaciones coinciden además con denuncias sobre el papel del Gobierno en favor de la candidatura presidencial de Iván Cepeda, quien ha participado en reuniones estratégicas de campaña en la Casa de Nariño junto a Petro y el ministro Armando Benedetti, de acuerdo con señalamientos de sociedad civil y medios de comunicación. También se investigan supuestas instrucciones enviadas desde dependencias como el viceministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para coordinar apoyos comunicacionales en redes.
La decisión contra estos siete diplomáticos se suma a suspensiones anteriores dictadas por la Procuraduría contra Vilma Velásquez, en Haití, y Alfredo Saade, en Brasil, por expresar respaldos públicos a la misma causa electoral.
