El Estado colombiano admitió su responsabilidad internacional en dos casos ante la CIDH y pactó medidas de reparación para las familias afectadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó dos acuerdos de solución amistosa entre el Estado colombiano y familias víctimas del conflicto armado. En ambos casos, Colombia reconoció su responsabilidad internacional por violaciones a los derechos humanos y aceptó medidas de reparación integral.
Un crimen en Soledad que terminó con reconocimiento estatal
El primero de los casos corresponde al asesinato, en marzo de 2003, de una adolescente de 15 años y de su hijo de nueve meses. La joven había acudido a una cita con el padre biológico del bebé, Ermen Núñez Martínez, quien supuestamente le entregaría dinero para su manutención. Al día siguiente, ambos fueron hallados muertos y calcinados en Soledad, Atlántico.
Las necropsias establecieron que la adolescente murió por un impacto de bala y el menor por asfixia. Las investigaciones señalaron que el crimen habría sido ordenado por el padre del niño y ejecutado por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
El Estado reconoció fallas graves en la investigación, entre ellas la pérdida de pruebas, la destrucción del expediente en un incendio, la prescripción de algunos cargos y la falta de protección para la familia, pese a las amenazas denunciadas. Como parte del acuerdo, entregó una placa conmemorativa a los familiares y asumió medidas de justicia, satisfacción y reparación.
El caso de Martha Lucía González y la falta de avances
El segundo acuerdo corresponde al caso de Martha Lucía González Rodríguez, perseguida por su labor como jueza de orden público tras investigar las masacres de Honduras y La Negra en 1988. Sus decisiones judiciales contra narcotraficantes, paramilitares e integrantes de las Fuerzas Armadas derivaron en amenazas que la obligaron a exiliarse.
Meses después, en 1989, su padre, Álvaro González Santana, fue asesinado en Bogotá en represalia por su trabajo. La investigación de ese crimen estuvo marcada por irregularidades y permaneció sin avances significativos durante décadas.
Además, Martha González y su familia continuaron recibiendo amenazas y atentados, lo que prolongó su exilio y evidenció la falta de protección estatal. El acuerdo contempla una indemnización económica, trece medidas de satisfacción, entre ellas un homenaje a la jueza y la postulación de Martha González a un premio internacional de paz, así como el compromiso de seguir investigando el crimen para esclarecerlo y sancionar a los responsables.
La CIDH destacó que ambos acuerdos representan un avance hacia la justicia restaurativa y la reparación integral de las víctimas. También anunció que hará seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado colombiano.
