El director de Espacio Público afirmó que la norma ha limitado la expresión y ha servido para ejercer presión y miedo en el país.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, cuestionó el diseño y la aplicación de la Ley contra el Odio en Venezuela al considerar que ha servido para inhibir la libertad de expresión y favorecer el ejercicio arbitrario del poder.
Críticas a la norma
En La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga, integrada por El Pitazo, Runrunes y TalCual, Correa dijo que la ley contiene definiciones vagas y sanciones desproporcionadas.
Señaló que un delito relacionado con la expresión de odio puede acarrear una pena de hasta 20 años de prisión, mientras que un homicidio puede tener una sanción menor. “Hay una desproporción absoluta”, afirmó ante César Batiz, Luis Ernesto Blanco y Víctor Amaya.
Correa sostuvo que no era necesaria una norma de ese tipo, porque conductas como las agresiones o los homicidios ya están contempladas en el Código Penal.
También indicó que la organización no conoce casos en los que la ley haya servido para proteger a ciudadanos y que ha recibido información sobre personas detenidas y extorsionadas bajo ese argumento.
“Se utiliza esta ley para detener a personas y extorsionarlas”, dijo.
Efecto sobre el debate público
Para Correa, uno de los puntos más problemáticos es que la legislación incluye el odio por razones políticas. A su juicio, eso puede terminar penalizando críticas a la gestión pública.
“Si tú vas a penalizar el escrutinio de lo público, entonces toda crítica a la gestión pública se puede considerar odio”, sostuvo.
El activista afirmó además que la norma ha sido usada para generar temor entre personas que critican problemas de servicios públicos o situaciones de su comunidad.
“Sirvió, entre otras cosas, para construir una arquitectura asociada al miedo”, expresó.
Correa agregó que la ley no ha sido aplicada para proteger a ciudadanos frente a expresiones racistas, discriminatorias o ataques vinculados con la religión. “No hay un solo caso de esas características”, afirmó.
También cuestionó que existan situaciones que ni siquiera llegan a tribunales, como revisiones de teléfonos en alcabalas para determinar si determinados contenidos son expresiones de odio.
“Es una ley absolutamente perniciosa y nefasta para el debate democrático”, dijo.
Además, criticó que la discusión se limite a esa norma y recordó otras leyes que, a su juicio, afectan la libertad de expresión, como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la llamada Ley Simón Bolívar.
Correa señaló que durante este año se han producido excarcelaciones de periodistas y algunos desbloqueos de portales, pero persisten restricciones sobre medios, plataformas financieras y herramientas de privacidad en internet.
“No hay forma de tener un debate sensato sin libertad. La verdad es un elemento clave de reparación, el silencio es la peor opción”, concluyó.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
