El reglamento que detalla la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos permite a empresas privadas participar en la explotación del petróleo, mientras el Estado mantiene la propiedad de los yacimientos.

Cambios clave en la ley

La normativa, elaborada tras revisar 1.389 resoluciones, introduce varias modificaciones que reducen el control estatal sobre la industria petrolera. Entre ellas, las empresas privadas podrán asumir funciones técnicas y operativas en proyectos petroleros y, en algunas empresas mixtas, el socio privado podrá encargarse de la administración operativa, aun cuando el Estado mantenga la participación accionaria mayoritaria.

Otra novedad importante es que las compañías privadas podrán comercializar directamente el petróleo producido, cambiando el modelo tradicional donde esa función recaía casi exclusivamente en la estatal venezolana.

La reforma también contempla ajustes tributarios: mantiene una regalía máxima del 30 % sobre la producción, pero autoriza al Poder Ejecutivo a reducir ese porcentaje según las características económicas de cada iniciativa y las necesidades de inversión.

Además, se eliminan varios gravámenes y contribuciones especiales que se aplicaban al sector, incluidos los vinculados a ingresos extraordinarios por altos precios internacionales del petróleo.

El reglamento también permite resolver controversias contractuales mediante mecanismos de arbitraje y otros sistemas alternativos de solución de conflictos, una herramienta considerada relevante para empresas extranjeras interesadas en desarrollar proyectos en Venezuela.

Impacto en la industria y la reconstrucción

La cúpula política espera que el nuevo marco incentive el regreso de inversionistas internacionales y facilite la participación de compañías energéticas que durante años redujeron o suspendieron sus operaciones debido al anterior modelo regulatorio.

La promulgación del reglamento coincide con la etapa de reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 3 685 fallecidos, 16 740 heridos y cerca de 18 000 personas sin vivienda. Parte de la actividad económica derivada de la reforma se orientará a financiar la recuperación de las zonas afectadas.

Según cifras oficiales, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron. En el estado La Guaira, el más golpeado por el desastre, una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó la existencia de aproximadamente 1,2 millones de toneladas de escombros, de las cuales unas 915 000 corresponden a edificaciones dañadas y cerca de 332 000 toneladas a enseres y pertenencias de las familias afectadas.