El marco jurídico de los hidrocarburos en Venezuela está fundamentado en el sistema dominial, lo que significa que el Estado mantiene la propiedad del subsuelo mientras que las empresas operan sobre la superficie. Así lo explica el doctor Jesús Eduardo Troconis Heredia, abogado y doctor por la Sorbona de París, quien subraya que los convenios petroleros no representan una cesión de propiedad sobre los recursos naturales.

Troconis, quien ejerció como diputado al Congreso de la República durante quince años, señala que este modelo se diferencia del sistema de accesión anglosajón aplicado en Estados Unidos o el Reino Unido. Asimismo, recuerda que la ejecución de los proyectos energéticos recae sobre las compañías operadoras, tanto estatales como privadas, con la participación histórica de trasnacionales como Chevron, Shell y Total.

Institucionalidad y retos geopolíticos

El especialista advierte que cualquier pacto energético debe evaluarse bajo estrictos criterios de legalidad y legitimidad democrática, evitando que los anuncios respondan únicamente a coyunturas políticas o electorales. Para el jurista, la participación de corporaciones estadounidenses resulta indispensable para inyectar inversión y tecnología en la industria.

Además, Troconis destaca que el fortalecimiento del sector energético venezolano incidirá directamente en la resolución de asuntos estratégicos de gran envergadura, como la controversia territorial con Guyana por el Esequibo y la delimitación de los espacios marítimos.

El camino hacia la democracia

La recuperación económica del país, según el criterio del especialista, resulta inviable sin una transformación institucional profunda. El proceso de reconstrucción exige la consolidación de partidos políticos sólidos y el restablecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

«Necesitamos elecciones libres, un organismo electoral confiable y un Tribunal Supremo de Justicia valiente, independiente y respetuoso de la ley», puntualiza el jurista, al tiempo que insiste en la necesidad de garantizar un marco de seguridad jurídica permanente para atraer capitales internacionales.