El discurso de quienes hace 17 años asumieron las riendas de Venezuela estuvo siempre signado por la defensa, el impulso y el respeto al pueblo, así como la sumisión a la constitución nacional aprobada popularmente en diciembre de 1999. “Yo no soy yo, yo soy un pueblo”, llegó a decir en sus delirios de grandeza el expresidente fallecido.
“Dentro de la constitución todo, fuera de ella nada”, era su consigna. Siempre supimos que tanto el pueblo como la constitución poco valor tenían para quienes habían intentado vía golpes de estado subvertir el orden constitucional, irrespetando previas decisiones populares enmarcadas en un sistema democrático como nunca lo habíamos vivido en Venezuela, independientemente de las fallas que siempre tuvo y que siempre va a tener. Pero ya hoy no hay nada que suponer. Lo que hoy vivimos es un proceso de restricción democrática que, si no actuamos como ciudadanos y como sociedad, va a acabar con la experiencia más exitosa que hemos tenido como república. Y es obvio que vamos a actuar y no lo vamos a permitir.
Según nuestra Constitución Nacional, la soberanía reside en el pueblo quien la ejerce de diversas maneras, una de ellas el voto. Que en medio de la profundísima, indescriptible, inaceptable crisis que hoy vivimos en nuestra patria, el Psuv y los poderes públicos por él dirigidos, hayan decidido acabar con el voto como herramienta de decisión popular, es algo que ya ha encendido las alarmas dentro y fuera de nuestras fronteras.
El irrespeto al voto se ha producido cada vez que el pueblo toma una decisión y esta no es asumida por el presidente y sus seguidores. Ejemplos hay muchos y cito sólo tres: Si siendo Presidente de la República, someto a consideración del pueblo una reforma constitucional y el pueblo dice no, ¿es válido que imponga el contenido de esa reforma por la vía de leyes orgánicas? Si mi partido pierde una elección de candidato a gobernador ¿es respetable que designe al candidato perdedor como protector de ese estado y le asigne un presupuesto paralelo? Y el más grave. Si pierdo las elecciones parlamentarias y mi contrincante logra las dos terceras partes de la diputación, ¿es adecuado que yo utilice el poder judicial para romper esa mayoría y además para anular al nuevo parlamento en sus competencias de legislación y control?