Básicamente, el lavado de dinero consiste en realizar ciertas operaciones financieras para convertir recursos ilícitos en recursos lícitos, es decir, se trata de limpiar la riqueza, que ha sido generada por medio de actividades ilícitas, en riqueza aparentemente con orígenes lícitos.
Así, los interesados en blanquear riqueza ilícita cuentan con diferentes técnicas para transformar y movilizar dichos recursos. Regularmente, las actividades más propensas a lograr el objetivo son: la compra y venta de joyas, metales y obras de artes, alquiler de inmuebles, donaciones, juegos de envite y azar, desarrollos de proyectos inmobiliarios, remesas internacionales, activos virtuales, entre otros.
Actualmente, en Venezuela existe un proceso de dolarización de facto, lo cual ha posibilitado ingresar divisas a la economía sin control. En otras palabras, como no existe un procedimiento organizado y formal que pueda bancarizar esas nuevas divisas que entran a nuestra economía, estamos creando, como consecuencia, las condiciones para que ingresen divisas de cualquier origen. Este escenario es propicio para el crimen organizado, porque las transacciones estarían ocurriendo con escasa o nula supervisión, fiscalización y monitoreo.
Por lo tanto, no es extraño que hoy se levanten tantas sospechas acerca de los nuevos emprendimientos denominados “bodegones” o “mini-market”, puesto que, detrás de algunas (léase bien “algunas”) de esas inversiones, quizás esté la mano oscura del narcotráfico o funcionarios y familiares sancionados del régimen dictatorial. Además, se reportan muchas inversiones en los países de la región para instalar locales de venta de comida rápida, licorerías, panaderías, tiendas de ropa y negocios diversos que manifiestan muchas señales de dinero sucio, aprovechándose de la alta presencia de venezolanos y otros vínculos.