Sabrina Machado/ / Ilustración: Rafael Añez
Ya se cumple un año de la puesta en marcha del proyecto Movimiento por la Vida y la Paz, desarrollado desde el Ejecutivo con la intención de pacificar a las bandas armadas que mantienen azotadas a las comunidades, fundamentalmente en los 79 municipios del país que presentaron el mayor índice de criminalidad, de acuerdo con los estudios realizados por el gobierno. Sin embargo, los resultados no son aceptados de manera unánime por los distintos sectores involucrados en este plan de pacificación, que conlleva a la desarticulación de bandas armadas dedicadas a cometer hechos ilícitos y a la reincorporación en actividades socio productivas.
Nichos de impunidad o territorio apache son algunas de las calificaciones que han recibido las llamadas zonas de paz, creadas desde el ministerio de Interior y Justicia en el marco del proyecto Movimiento por la vida y la paz. Esta iniciativa fue dada a conocer por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en septiembre del 2013. El proyecto piloto arrancó en el estado Miranda. En total abarca 17,45 kilómetros de esta entidad, según informó el comisario Eliseo Guzmán, director de policía regional. Las zonas de paz se estructuraron en ocho sectores del municipio Andrés Bello, entre las parroquias San José de Barlovento y Cumbo.
Los integrantes de las bandas que actúan en estas localidades entraron en comunicación con las autoridades del MIJ, en específico con el viceministro de Política Interior, José Vicente Rangel Ávalos, responsable de este proyecto. Mientras el Ejecutivo alaba los adelantos en materia de seguridad gracias a la desarticulación de 350 bandas, tanto el gobernador del estado, la directiva de la policía regional, integrantes del Ministerio Público y especialistas en materia de criminalística cuestionan los alcances de este plan.
Aseguran que en medio de las comunicaciones con los grupos delictivos se les ha brindado cierta indulgencia en sus acciones para que formen parte del proceso iniciado en el 2013, generando un gran caos en las zonas, llevado de la mano por la anarquía e impunidad.
Ya en febrero se vivió una situación atípica con la muerte de tres personas en un supuesto enfrentamiento policial con el Cicpc. Uno de ellos era miembro del Movimiento por la Paz y la Vida de Ocumare del Tuy. La policía asegura que se enfrentaron a tiros, la familia de los muertos que fueron ajusticiados. Esto trajo como consecuencia tres días de anarquía y control absoluto de la región por parte de la banda Los Orejones.
En la página facebook del grupo responsabilizaron al alcalde de los hechos y amenazaron con salirse del proyecto del Ejecutivo. “Ustedes mismos saben que fuimos lo que fuimos y nos quedamos quieto y echamos a un lado la guerra y la delincuencia para llevar en alto la paz y la vida en nuestro municipio … señor alcalde no la manche ni interfiera por su culpa no queremos que esto se ponga peor!”. En la sección se aprecian jóvenes con armas de distintos calibres y sus rostros descubiertos.
Eliseo Guzmán, director de la policía estatal aseguró que el programa de paz nunca le fue informado al organismo que dirige, y que ahora sufre las consecuencias de estas acciones. Funcionarios policiales aseguran que la creación de estas zonas acabó con el patrullaje en el sector. “Mandamos a nuestros hombres en labores de inteligencia, de civil, para que no los detecten, porque hasta los tirotean”, indicó un jefe policial.
Agregó: “La policía no puede entrar a la zona, no se puede perseguir a los delincuentes, les dieron total inmunidad, no hay persecución contra los que operan en estos sectores”. Señalamiento secundado por un funcionario del Ministerio Público, quien explicó que este plan no le fue comunicado a la Fiscalía y que desde la institución ven con gran preocupación el alcance que está tomando la medida.
“Definitivamente son territorio apache. Las bandas hacen lo que quieren en estos espacios. Los organismos de seguridad del Estado hasta para ingresar tienen que pedir permiso al ministerio, ya sea para hacer allanamientos o u otra diligencia. Se han convertido en una guarida de malandros. Ahí se esconden tantas personas solicitadas como drogas y armas”, indicó la fuente.
Un informe de la policía regional destaca: “Ante el conocimiento de los hechos denunciados de manera informal por los ciudadanos a distintas autoridades de la policía estadal y policías municipales han sostenido encuentros para fijar estrategias y aplicar un plan de seguridad; no obstante, la labor se ha visto frustrada debido a que los sectores mencionados forman parte de las llamadas “Zonas de Paz”, plan que adelanta el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que prohíbe a los funcionarios de seguridad ingresar para realizar labores preventivas y acciones relativas a la reducción del delito”. La misma comunicación refiere los incrementos en los índices delictivos de zonas como Barlovento, que hasta el año pasado tenía una de las tasas más bajas de la región. “En los últimos meses ha ocupado un sitial ‘rojo’ tras el incremento de las cifras de homicidios, robos y otros hechos de violencia”´.
De acuerdo con las estadísticas de Polimiranda, los Valles del Tuy y Barlovento son los sectores que encabezan las cifras de homicidio en el estado. Entre las dos regiones suman 535 asesinatos. Las proyecciones señalan 912 hechos de sangre para finales de año.
El crimonólogo Fermín Mármol García asegura que con el desarrollo de este plan se confirma la “atomización de micro estados en el Estado venezolano, clasificados entre la república de los pranes, los colectivos armados y violentos, la acción de los paramilitares y las zonas de paz, alcanzando ya —al menos— el 10% de las parroquias del país”.
Otro hecho que ha causado alarma entre las comunidad son las denuncias de supuestos canjes de armas por dinero, que ha permitido que los delincuentes modernicen su arsenal y sus medios de desplazamiento, versión que ha sido desmentida por el viceministro Rangel Ávalos en un medio regional mirandino, en el cual aseguró que la organización que dirige no se encarga de entregar dinero a cambio de armamentos, si no que busca educar y apelar a la conciencia de los delincuentes para que abandonen el camino de la violencia.
“Yo no he dado ni un bolívar. Nuestro interés no es entregar plata, sino darles un kit productivo con el que puedan comenzar un proyecto, que les garantice independencia económica. En algunos casos ya el ministerio para la Agricultura les ha ofrecido semillas, abonos y herramientas para que se familiaricen con la producción agrícola”, afirmó.
El vocero del MIJ agregó: Barlovento es uno de los tantos ejemplos que se están dando en el país; con los recursos aprobados se compraron los equipos necesarios como máquinas de coser, de herrería, carpintería, para fabricar bloques, lo que permitió la incorporación de jóvenes vinculados a bandas delictivas a la vía de la producción”. Mientras tanto los vecinos y la policía continúan denunciando la inacción de los cuerpos de seguridad.