Permítanme seguir escribiendo sobre la crisis que afecta a las universidades autónomas, particularmente a nuestra LUZ. Insisto en darle continuidad a esta reflexión por estar convencido de que nuestro país necesita que esa crisis compleja sea superada, pues de la calidad ética, científica y democrática de nuestras universidades depende en alto grado el destino de nuestro país. Porque ellas, en su deber ser, son las instituciones para el desarrollo científico, humanístico y tecnológico que necesita la nación para su independencia, para la paz y el bienestar de nuestro pueblo. Así como también, en su deber ser, son instituciones para la convivencia y el estado de derecho. Por eso, para tal fin, educan a su comunidad.
En consecuencia, convencido como estoy de que estamos en una crisis que afecta a la nación, tenemos que asumirla en toda su complejidad. Ojalá así lo entiendan sus autoridades actuales, como también, los universitarios y universitarias que aspiran a serlo. Insisto en esta reflexión buscando exponer ideas para un debate universitario necesario que nos permita construir una propuesta colectiva, una ruta concertada que nos oriente realmente a superar esta crisis como una tarea de toda la comunidad universitaria. Una propuesta colectiva para una ruta universitaria a fin de alinear nuestras universidades con las necesidades científicas, humanísticas y tecnológicas de nuestro país. Voy a referirme a un vértice fundamental de esta crisis, el vértice de la gobernabilidad y del poder universitario. Empecemos por decir que no es mentira que nuestras universidades están dirigidas por consejos universitarios que concentran todos los poderes. En otras palabras, en nuestras universidades no existe la separación de poderes. Un solo organismo decide todo sobre todo. Elabora reglamentos, normas, administra el presupuesto, dispone todo lo relacionado con las políticas académicas, concursos y contrataciones, clasificaciones y, además, tiene funciones contraloras. Lo que significa que el mismo organismo que gobierna y administra, tiene las funciones contraloras. Además tiene otra responsabilidad, como es la de velar por el estado de derecho. No es mentira, que nuestras universidades autónomas no son el ejemplo de la necesaria separación de poderes que constituye la base del funcionamiento democrático institucional.
La primera pregunta que debemos formularnos entonces es si esta estructura del gobierno universitario y su funcionamiento ineficiente, no constituye la negación del ejercicio democrático de la gestión que promueva y garantice la separación de poderes y la participación protagónica de la comunidad en las decisiones institucionales. A esta carencia debemos agregar otro aspecto que lo caracteriza. Se trata de la manera cómo son electas las autoridades y miembros de los consejos universitarios: Son electos mediante pactos políticos electorales eminentemente burocráticos a través de los cuales acuerdan la distribución del poder universitario. No es mentira que las victorias electorales no se deciden desde el debate de las ideas, de las propuestas y de las credenciales de los candidatos.
Las victorias electorales dependen de las fuerza de esos pactos que reparten el gobierno universitario. Esto hace que las campañas electorales, lejos de ser oportunidad para el debate de las propuestas de los candidatos y candidatas, son campañas para construir acuerdos de grupos y partidos, sin un proyecto de gestión esperanzador. En estas condiciones, los profesores y profesoras, en su mayoría, no votan por propuestas, sino por acuerdos burocráticos carentes de un proyecto que sea legítimamente universitario. Así es como la autonomía es secuestrada por un pacto electoral.