Es comprensible la crítica a la idea de permitir que los precios de ciertos bienes y servicios esenciales para la población cubran sus costos de operación y dejen una rentabilidad. De cumplirse esta premisa, las poblaciones más vulnerables no podrían tener acceso a servicios como el Metro o a la red de abastecimiento alimenticio como Mercal y Pdval. En este sentido, comparto la premisa, pero, siempre hay un pero que considerar. No podemos movernos entre los extremos y otra vez la refraneria popular tiene -en su repertorio- un dicho más que elocuente: ni calvo ni con dos pelucas.
Se acepta y es razonable que ciertos bienes y servicios esenciales como el transporte público masivo, algunos alimentos y prestaciones médico asistenciales tengan subsidios estatales que hagan posible que los más necesitados puedan disfrutar de estos beneficios a una tarifa social, accesible, o incluso en casos excepcionales, gratis.
Pero cuando se llegan a extremos (los extremos nunca son buenos) brotan una serie de aberraciones sociales como el abuso o uso irracional de servicios y bienes que, le cuestan un ojo de la cara, al Estado o empresas privadas prestarlos o producirlos. El derroche se convierte en la norma. Lo que no nos cuesta, Hagámoslo fiesta!.
Hay una consecuencia aún peor, los precios demasiados bajos, irreales, se convierten en la posibilidad de hacer negocios especulativos como comprar grandes cantidades y revenderlas en puntos remotos o practicar el contrabando de extracción.