Escudos rotos

Ylich Carvajal Centeno

Articulista

 

 

El gobierno del presidente Nicolás Maduro ya no puede proteger al pueblo. Y cada nuevo intento da más dolor: los aumentos del salario mínimo, del bono de alimentación, de las pensiones, las tarjetas de Hogares de la Patria, palidecen ante las arremetidas inflacionarias y especulativas que recorren al país como una piara de báquiros. 

La prueba madre es que el escudo que el presidente Maduro creó para proteger al pueblo —la Ley de Precios Justos y la superintendencia encargada de su ejecución— han devenido en una especie de espantapájaros, de fantasma de Canterville.

 No sólo por las denuncias de corrupción que se han hecho contra la Sundde —algunas de ellas informadas por el mismo Mandatario— ni por el hecho de que el ministro Ramón Lobo acaba de anunciar un nuevo mecanismo para determinar lo justo de los infames precios y otra reingeniería de la Sundde, sino porque la realidad cara y cotidiana en mercados y supermercados es mucho más espelúznante.

¿Qué hace la Sundde ante los productos traídos de Colombia a precios de horror, con todo y que ya abrieron las casas de cambio para la venta de pesos en Venezuela? O ante el hecho verificable de que los precios de hortalizas y vegetales suben más o suben menos pero suben siempre indistintamente de la cosecha. 

O ante los precios de la carne, el pollo, los huevos y víveres en general que varían olímpicamente de supermercado a supermercado y más si se comparan con los precios en los llamados mercados populares, ventas en las vías públicas, panaderías, minimarket, chozas, mesas frente a las casas y hasta en las farmacias donde ahora también se vende comida. 

Es la jungla cuando no la tundra. Y todo pasa o, mejor dicho, todo sube, se encarama, trepa, brinca y se desborda ante la mirada vigilante de los oficiales del orden público, las muchas policías uniformadas o de incognito que hay en este país de gendarmes. 

Las Fuerzas Armadas, cuyo más alto rango, el general en jefe Vladimir Padrino López, quien es el jefe del abastecimiento y producción de alimentos en el país, nada han podido hacer contra esta guerra asimétrica a nuestros bolsillos.

Ni los gobernadores, ni los alcaldes, ni el Ministerio Público, ni la Contraloría, ni la Defensoría del pueblo pueden realmente defendernos de éste teatro de sombras en que se ha convertido la economía del país y cuyo mejor “emoticon” son los vendedores de papel higiénico que pululan en las esquinas de semáforos tuertos de Maracaibo.

Entre tanto, el jefe del Centro de Control de los Clap, Freddy Bernal, dice que para marzo la caja llegará a 6 millones de familia y para mediados de año a 20 millones, el detalle está en que el hambre da todos los días y más de una vez por día. Bernal nunca dice de dónde sacará los 90 millones de kilos de alimentos que necesitará para atender a 6 millones de hogares a razón de 15 kilos por familia.

Encuestas favorables al Gobierno dicen que la mayoría de los venezolanos aún espera que el presidente Maduro resuelva la situación económica que es la primera prioridad del país, sin embargo, contrario a aquella máxima chavista de “gobernar obedeciendo al pueblo”, el jefe del Estado no da la mínima señal de que modificará en modo alguno la política económica que es parte de esta guerra económica y que ya no puede protegernos.

¿A quién obedece entonces el presidente Maduro? Una revolución no se define por cómo se haga llamar —popular, socialista, obrera, bolivariana— sino por su capacidad para mantenerse en movimiento, para “cambiar todo lo que haya que cambiar”, para hacerlo con el pueblo y para no mentir jamás. 

“Aferrarse a las cosas detenidas es ausentarse un poco de la vida”, dice Pablo Milanés en El tiempo el implacable, el que pasó.