Pensaba escribir sobre economía, pero a 72 horas de las declaraciones de la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz, quien declara la inconstitucionalidad de las sentencias 155 y 156 referidas a la supresión de atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional por estar en supuesto desacato, me obligan a hablar del tema.
No hay duda que la declaración de la Fiscal Luisa Ortega Díaz mueve el cuadro político actual y empiezan ocurrir acontecimientos que pudieran acelerar un proceso de cambio político que tanto necesita Venezuela, sin embargo, la reacción de tan importante evento se ha reducido en determinar si la mencionada declaración de la Fiscal es genuina o se trata de otra acción “truculenta” del Gobierno para distraer la atención de los venezolanos y la comunidad internacional.
Hasta ahora, los hechos más importantes después de la noticia han sido la reunión del Consejo de Seguridad, declarando que el “impase institucional” entre poder judicial y ciudadano se resuelve en casa, rechazando cualquier injerencia internacional en la situación, llama la atención en dicho encuentro la ausencia de la Fiscal General y el Presidente de la Asamblea Nacional, pienso que la presencia de ambos en la reunión hubiese sido interesante, de ser Julio Borges, hubiese asistido acompañado de algún representante de la Iglesia y algún gremio profesional.
Posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), declara que por exhortación del Consejo de Defensa de la Nación han decidido aclarar las polémicas sentencias 155 y 156, “borrón y cuenta nueva” según el TSJ, no ha pasado nada, sin embargo, aclaran que la Asamblea Nacional permanece en desacato.
