Opinión

El día que Alf explotó

A casi 23 años de la explosión de la tienda de ropa, en Ciudad Ojeda, que dejó 18 muertos y 28 heridos, por fin se desgrana la causa. 14 personas llevan casi 20 años luchando por una indemnización y lograron que un tribunal sentenciara a su favor en 2013. El alcalde de Cabimas deberá pagarles Bs. 250 mil.

Marielys Zambrano Lozada   

8:25 de la mañana del 28 de junio 1991. El puñado de empleados de la tienda Alf, que vende ropa para damas, caballeros y niños, está listo para comenzar la jornada del día. Uno de los trabajadores se dispone a prender el aire acondicionado. La chispa imperceptible que generó el encendido detonó la explosión que devastó la totalidad del almacén.

Un kilómetro alcanzó la onda expansiva. Devoró la tintorería Oro Negro —a su lado—, la boutique Patty Ross, Video Sonido Divos, joyería Jhony, barbería Gerardo, auto escapes Romero y los tarantines de 40 buhoneros. Diez de ellos ya estaban poniendo la mercancía en la avenida Bolívar de Ciudad Ojeda esquina con calle Venezuela, casco central.

Eso sin contar que también destruyó los ventanales de edificios cercanos, los vidrios de automóviles estacionados aledañamente y maltrató la infraestructura de la sede del Concejo Municipal local. Unos 600 niños de la escuela cercana Andrés Bello se lanzaron al portón con sus maestras nerviosas.

El fogonazo alteró la paz de la ciudad. Porque el estruendo, según contaron entonces decenas de vecinos de varias partes, se escuchó en toda la zona urbana. Unas pérdidas en más de 40 millones de bolívares, previos a la devaluación actual. La cifra de heridos y fallecidos comenzó a ser variable, hasta que, semanas después, se ofreció el número que incluía a los agonizantes que se apagaron luego: de los 13 primeros, pasaron a 18 los muertos y 28 los heridos.

Cincuenta y cuatro médicos se activaron solo en el Hospital Pedro García Clara de Ciudad Ojeda. Otro grupo incontable de galenos se sumó a los centros hospitalarios auxiliares para prestar ayuda: el Hospital General de Cabimas, el General del Sur y el Noriega Trigo, estos dos últimos, los vecinos más cercanos. Los empresarios dieron su aporte de solidaridad. Facilitaron maquinarias, gratuitamente, para remover escombros, en busca de sobrevivientes. “Se oyó el estruendo y todo se vino abajo. Fue espantoso. Me duele mucho recordar eso”, dice ahora Doira del Carmen Díaz, una de las empleadas de un comercio cercano que sobrevivió.

Ella está lastimada. Camina con dificultad. Tiene buena parte de su cuerpo con quemaduras que oculta vistiendo con decoro: nunca le verán las piernas, el torso y tampoco sus brazos.

Pero el detalle de todo lo que le pasó reposa en el expediente 12.957 que resume el informe médico legal rendido por los forenses Alexys Díaz y Elio Lugo. Parte de él esboza que ella ingresó el día del siniestro a las 4:10 de la tarde a recibir atención médica, que tenía quemaduras de segundo grado en el 40% de su cuerpo, que tenía ruptura del cartílago tiroido, que se le veía fractura de la tibia y peroné derecho, que tenía expuesto el húmero, y que tuvieron que anestesiarla toda para poderla limpiar.

Ella y 13 personas más, algunos familiares de las víctimas, se anotaron en el camino espinoso de buscar justicia, exigiendo que se determinara el responsable de la tragedia y los indemnizara por los daños. El resto, no.

En eso tienen casi 20 años. La huella del fuego fue tal, que están impedidos para trabajar y ganarse el pan. Los 14 han pasado por un amargo proceso tribunalicio contra la empresa Cabigas.

  Enfilaron sus garras hacia esa operadora en Cabimas, porque, antes, el servicio para Ciudad Ojeda era administrado por Gasdiboca, la que luego pasó a llamarse Cabigas. Entonces, es la administración “Cabimas” la que debe saldar las deudas que ocurrieron en “Ojeda”.

En el proceso tribunalicio, los expedientes de cada uno se manosearon de sala en sala: un tribunal sentenciaba a favor de pagarles una indemnización, y otro, más adelante, revocaba.

En esos expedientes se dictaron autos de detención contra Vicencio González y José Luis Gutiérrez. El primero era jefe de la oficina de Gasdiboca en Ciudad Ojeda y, el segundo, inspector de obras de la citada empresa. El motivo: por haber obrado con imprudencia, negligencia e impericia en los cargos que desempeñaban. A ambos, el 2 de julio de 2002, otro tribunal les decretó el sobreseimiento de la causa penal. Y están libres de toda culpa.

¿Por qué se les imputó? Porque el informe que levantó el Comité de Investigación y Siniestro de Ciudad Ojeda, grupo creado en medio de la efervescencia de la tragedia, que debía sacar todas las cuentas de lo que pasó, y que estaba liderado por el jefe de la entonces Policía Técnica Judicial (PTJ), el jefe de la Disip, el comandante del Destacamento 33 de la Guardia Nacional, el comandante de la entonces Policía del Estado Zulia (PEZ), la fiscal 17 del Ministerio Público, el comisario de la PEZ de Ciudad Ojeda, el jefe de Enelco en Lagunillas, el prefecto, el coordinador de Defensa Civil, el alcalde local, un representante de Lagoven, y el comandante del Cuerpo de Bomberos de Lagunillas, reveló que la explosión había sido por acumulación de gases. Lo que nunca trascendió fue por qué y cómo se registró esa acumulación. Ahora se sabe.

 “Costó mucho saber con precisión lo que pasó. No fue fácil. Lo que ese informe decía era que la tienda Alf fue edificada en un terreno donde antes funcionaba una venta de empanadas y pastelitos (llamada El Pico Bolívar). Ese negocio tenía su conexión de gas con mangueras de jardinería. Cuando comenzaron a construir Alf, nadie se percató que debían cambiarlas. El edificio se levantó con bloque liviano antisísmico y la manguera quedó tapada por los bloques. La empresa Gasdiboca aumentó la presión del gas, para agregar nuevos usuarios y la manguera colapsó. La fuga empezó a llenar los orificios de los bloques como un panal de abejas que se va llenando, poco a poco, de miel. En Alf pasó lo mismo con los huecos de los bloques. No se llenaron de miel, sino de gas. El punto de ignición fue cuando prendieron el aire acondicionado”, explica el actual comandante de los Bomberos de Lagunillas, el coronel Iván Flores, quien para el momento de la explosión, era el segundo comandante y ayudó en la operación.

Agrega: “Lo que te cuento del informe es porque yo lo vi hace años. Para ese momento, los bomberos teníamos dentro de nuestras funciones prestar ayuda y resguardar la escena de un suceso. Nada más. Cuando Alf no liderábamos actuaciones de investigación. La nueva reglamentación de operatividad ahora nos comisiona como auxiliares del Ministerio Público para investigar y determinar causas. Eso es ahora. Antes no”. Para el Cuerpo de Bomberos local la explosión de Alf ha sido el acontecimiento más grave al que se ha visto expuesto laboralmente.

Por el hecho, ministros, personalidades gubernamentales y cuanta autoridad ostentaba cargos, se acercó a los restos humeantes para hacer declaraciones públicas y manifestar su pesar. Ninguno haciendo hincapié en la indemnización a las víctimas.

A casi 23 años de la tragedia, el balance actual muestra que el comerciante, de origen griego, dueño de Alf, perdió su dinero invertido, según colegas suyos. Y donde otrora estuvo la concurrida tienda se erige ahora el centro comercial Nava Center. Allí ven el fantasma de un niño, de unos ocho años, deambulando por los pasillos. Usuarios aseguran que corresponde al ánima de una víctima.

Y para las 14 almas que se anotaron en la tarea insistente de pedir justicia, apenas el sol les brilló en agosto de 2013. Después de incontables viajes al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, porque en Zulia nada avanzaba, lograron una sentencia firme que explica Nurbis González, hermana de una de las víctimas del siniestro.

“Se le ordenó al representante legal de Cabigas que pague, a cada uno de los 14 afectados, Bs. 250 mil como indemnización. Se conminó, además, a la Alcaldía de Cabimas a darle cumplimiento a la sentencia definitiva”, dice Nurbis. Tres millones 500 mil bolívares deberá desembolsar la municipalidad para saldar la deuda que tiene con los agraviados por décadas.

Cuando pague será el punto final del proceso judicial. Pero no será el punto definitivo que cierra una historia marcada en el alma de todos los que la vivieron. Huellas que llevan en el cuerpo y que todavía causan dolor al recordarlas.

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