Pararse debajo de una cámara de seguridad, desnudarse por completo, sentarse en cuclillas e introducirse los dos dedos medios e índices en la vagina —para abrirla lo más posible y “mostrar la pelvis” sobre un espejo dispuesto en el piso para reflejar si lleva droga dentro de su parte íntima— es apenas una de las “normas” que debe cumplir Gisela para poder visitar a su hijo en la Comunidad Penitenciaria Fénix, ubicada en el estado Lara.
“¿Será un castigo a las madres porque nos equivocamos en la forma de criarlos?”, se pregunta la mujer, de 54 años y oriunda de Boconó, estado Trujillo.
Su interrogante está cargada de impotencia, de dolor y a la vez de vergüenza. Pues obedece a las penurias que debe pasar durante la visita a su hijo —sentenciado por porte ilícito de armas, según asegura— en el recinto judicial larense, ubicado cerca de la cárcel de Uribana, y que fue inaugurado el 30 de octubre de 2013, como parte de un proyecto bandera que ejecutó el Gobierno nacional para implementar un nuevo sistema penitenciario en el país.
Desde su inauguración, esta penitenciaría comenzó con la reclusión de 400 privados de libertad. En el acto que dio inicio a su funcionamiento, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, en compañía de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, informó que Fénix tendría sectores de mínima, media y máxima seguridad. Afirmó que dentro del centro penitenciario “los privados de libertad pueden estudiar, trabajar, hacer cultura y música” y destacó el esfuerzo que el Primer Mandatario ha hecho en pro de la reestructuración de las cárceles venezolanas.
“El presidente Maduro no ha escatimado y ha aprobado recursos para poder llevar adelante la intervención de las viejas cárceles de la IV República”, acotó cuando refirió, además: “Esas cárceles que eran fábricas de delincuentes ahora van a ser transformadas por estas comunidades penitenciarias, que son centros de renovación espiritual, intelectual, donde va a surgir muy probablemente la mujer y el hombre nuevo”.
Sin embargo, Gisela se atreve a cuestionar esa visión positiva del Ejecutivo, al denunciar que dentro del recinto penitenciario “no existen las condiciones para lograr esa transformación porque se vive un infierno, no solo para los reos, sino también para la visita que reciben de forma esporádica —según la fecha que les sea asignada a cada lote— como parte del castigo que se le aplica a los reos por el delito cometido”.
El hijo de esta mujer, dedicada al comercio informal, “no es un santo”, por lo que ella no niega que, el mayor de sus cuatro muchachos —de 28 años—, debe pagar con cárcel por haber cometido un delito. “Estoy de acuerdo con que tiene que estar preso, pero no bajo las condiciones en las que se paga prisión en ese lugar, en el que le dan agua para beber cada cuatro días, media pasta de jabón azul, a la semana, para cada celda en la que hay cinco presos y en la que se recibe visita cada dos meses, si acaso”, explica.
Al ser llevado desde la cárcel de Barinas a la Comunidad Penitenciaria Fénix, el hijo de Gisela recibió el beneficio de una llamada de tres minutos en la que le informó a su madre sobre su traslado a Lara. Casi dos meses después se le permitió a ella visitarlo, para darse cuenta de que “la visión humanista que se había vendido de Fénix no concordaba con la realidad”.
“Mi hijo me llamó para avisarme la fecha en la que podría ir a verlo, según le correspondía. Cuando fui al lugar lo encontré lleno de cicatrices y moretones, producto de la golpiza que le propinaron a todo el grupo de reos trasladados cuando llegaron al penal. Los quemaron con bombas lacrimógenas. Mi hijo largaba los cueros de la cabeza, a pedazos, y se le podían ver porque al llegar les raparon la cabeza, como regla de esa cárcel. Ahí me hizo entender por qué dejaron pasar tanto tiempo para asignar las visitas: querían evitar que les viéramos las heridas y los moretones que le quedaron de la ‘bienvenida’. Eso sin contar que le quemaron toda la ropa que él llevaba, incluyendo una chaqueta y medallas que le había otorgado el Ministerio de Asuntos Penitenciarios por haber participado en los Juegos Deportivos Nacionales Penitenciarios”, recuerda.
Pero más allá de los tratos que le dan a su hijo, la mujer se queja del maltrato que deben sufrir las madres o cónyuges al momento de hacer la visita. Comparado con las condiciones en las que le permitían verlo en Barinas, el estar con su hijo en la Comunidad Penitenciaria Fénix ha resultado un cambio drástico para Gisela. Se acabó el beneficio de llevarle ropa, comida, chucherías y productos de aseo personal. “En Fénix, eso tiene que ver con ‘los deleites de la vida’ y no lo permiten. Solo puede entrar un plato de comida por preso. Por eso, para llevarle bastante a mi hijo, me acompaña mi hermana para poder pasar otra vianda. Eso sí, tiene que ubicarse lejos de mí en la cola de entrada”, detalla.
No es sino hasta después de una larga cola de cinco horas bajo el sol, cuando Gisela y las demás visitantes pueden pasar hasta las instalaciones del recinto penitenciario. Ése es el “abreboca” para entregar la cédula de identidad y verificar el nombre del recluso a visitar, con la suerte de que no esté castigado porque entre las sanciones figura el no recibir visita. “He visto cómo devuelven a madres de más de 70 años de edad, luego de hacer una inmensa cola, porque sus hijos tienen prohibidas las visitas”, lamenta la mujer, al tiempo que asegura que muchas de las madres con las que salía en grupo para llegar al penal han desistido de ir a la visita porque les ha generado trauma.
“¿Y cómo no?”, la secunda Sandra, la tía y madre de crianza de otro preso recluido en Fénix. “A mí me mandaron a quitar las uñas postizas con los dientes. Tuve que salirme de la cola para hacerlo mientras las otras mujeres seguían pasando. Hasta que no me quité la última no me dejaron entrar. Las custodias nos dicen en la cara que eso nos pasa por tener hijos ‘lacras”, añade la mujer, de descendencia colombiana y residenciada en el Sur del Lago de Maracaibo.
Previo a pasar a las instalaciones de la cárcel, es revisada hasta la comida que se ingresa al penal. “Vi cómo a una mujer la mandaron a desmechar un pollo frito que le llevaba a su hijo. Era un simple muslo de pollo y la mandaron a quitar los huesos de la presa. Yo debí quitarle el hilo a un bordado de una franela Nike que le llevaba a mi hijo. Me dijeron: ‘Aquí no se acepta que los reos tengan ropa de marca, ni por muy pequeño que sea el fulano ganchito’. Se lo tuve que quitar con los dientes”, cuenta Gisela.
La duración de la visita es de tres horas. “En ese tiempo solo podemos escuchar el infierno que viven nuestros hijos allá adentro, en donde se tienen que ganar el uniforme o cualquier otro derecho que le corresponde con sacrificios como dejar de comer. Por ejemplo, tener una cobija le cuesta seis cenas”, denuncia Zoraida, la madre de otro recluso, para quien la espera de la llamada de su hijo se hace eterna durante dos o tres meses. “Ellos cuentan (los reos) que los custodios argumentan el maltrato a las madres y esposas diciéndoles: ‘¿Les duele que las traten así? ¡Eso es para que paguen sus delitos!”. A pesar del “castigo” que reciben, Gisela, Sandra y Zoraida, anhelan la señal que le anunciará la próxima fecha en la que, aunque deban someterse a vejaciones y dejar el pudor de lado, verán de nuevo a sus hijos; en espera de que se cumpla verdaderamente el concepto de aquel modelo vendido sobre el penal reformatorio, con una nueva visión humana, educacional y espiritual, lejos del maltrato a los familiares para castigar al recluso.
“Se ha sabido siempre que en las cárceles se maltrata y se violan los derechos de los presos. Y no se justifica. Pero que maltraten a la familia como castigo añadido al reo se justifica menos”, denuncia Gisela, con tono amargo, ya sembrado en su rostro y reflejado en sus rasgos duros. Lejos de los prejuicios de tener un hijo preso, la mujer trujillana lamenta: “Si esa es la manera de reformar a un recluso, imagínate los monstruos que saldrán de ahí. No queremos otra Uribana”.